Varios casos de violencia política se han dado en Oaxaca en este proceso electoral que alguien calificó con razón como “las elecciones del narco”. Decenas de atentados y asesinatos se han dado entre aspirantes y candidatos por los distintos partidos y coaliciones. El más sonado fue el de Pamela Itzamaray Terán, integrante de la planilla de concejales para la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, situación que obligó a los candidatos a diversos cargos de elección popular a suspender sus actividades de proselitismo. El caso escaló el ámbito estatal y se convirtió en un escándalo nacional, lo que motivó al gobierno de Alejandro Murat a tomar acciones enérgicas para otorgar seguridad en la región del Istmo de Tehuantepec. Extrañamente, luego de casi un mes de ocurridos los hechos, ningún grupo criminal de los que han sentado sus reales en Juchitán y municipios vecinos, ha sido asegurado o alguno de sus sicarios detenido siquiera. La crítica se ha volcado sobre los operadores policiales, dado que la información que ha fluido es sobre cuestiones menores: aseguramiento de vehículos con reporte de robo y de delincuentes de poca monta; armas o dinero en efectivo cuyo origen no se ha podido comprobar.
La semana pasada se dieron varios casos: el candidato a presidente municipal de Santa María Jacatepec, Víctor Raúl León, fue objeto de un atentado criminal, lo mismo que Juanita Arcelia Cruz, que busca la presidencia municipal de Huajuapan de León y Nancy Benítez, que hace lo propio por Santa Cruz Xoxocotlán. Un caso diferente es el de Gustavo Argyl González, presidente municipal con licencia en San Pedro Tapanatepec, quien busca reelegirse y para ello –se dice- habría contratado los servicios de sicarios, los cuales tendrían el propósito de intimidar a los pobladores para votar por él. El pasado viernes, un comando armado “levantó” a cinco de los supuestos guardias de seguridad y de cuyo interrogatorio hay un video, en el cual declaran el verdadero móvil de su presencia en la casa de campaña de Gustavo Argyl. Hace unos días, en este mismo espacio editorial comentamos que varios candidatos –aunque no lo han manifestado públicamente- han sido amenazados o condicionados por los grupos criminales que ya operan en la entidad. Lo preocupante es que estamos sólo a unos días del proceso electoral concurrente que, se ha dicho, será uno de los más complejos y competitivos de la historia contemporánea del país.
Focos de contaminación
Hace poco más de un mes trascendió que un grupo de ciudadanos, asociados en una organización ambientalista, habían logrado un amparo de la Justicia de la Unión a favor del Río Atoyac, nuestro histórico afluente que hoy en día se ha convertido en un foco de contaminación, por la abulia, la apatía y la falta de respuesta de las autoridades ambientales. El año pasado, a raíz del conflicto que hubo en el tiradero municipal, ubicado en jurisdicción de la Villa de Zaachila, las riberas de dicho río se convirtieron en un gigantesco basurero, lo que obligó a la delegación de la Procuraduría Federal para Protección al Ambiente (Profepa), a emitir un llamado a las autoridades locales y proceder de inmediato a la limpia de dichas riberas. Sin embargo, la ausencia de una cultura para proteger los ríos y afluentes; la indolencia para salvaguardar lo poco rescatable que tenemos en materia de ríos y entorno natural, ha hecho que nuestro afluente más emblemático sea hoy en día el vertedero de agua residuales y desechos que lo han hecho un estercolero. La situación al respecto es grave. Y las denuncias de contaminación son recurrentes. Circulan fotografías en donde se observan las descargas de aguas residuales. Y nadie hace nada.
Es importante pues que haya una gran cruzada ciudadana para salvar al Río Atoyac, pero al mismo tiempo, que las autoridades ambientales –y aquí hay varias- como la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) o los propios ayuntamientos, hagan su parte para evitar que nuestro río siga siendo como hasta hoy, sólo un vertedero de podredumbre y desechos. Al menos en los municipios de Valles Centrales por donde pasa el cauce del afluente, deben ser objeto de medidas de saneamiento y desazolve; de limpieza de los lechos y aprovechamiento de la vegetación que ha crecido a los lados de manera espontánea. Empero, lo más importante es crear conciencia entre los niños y jóvenes de lo que implica cuidar y proteger nuestro entorno ambiental, antes de que sea demasiado tarde y nos convirtamos en un erial en donde no crecerá ni la yerba. Hasta hoy, como hemos visto, la sociedad civil está poniendo su parte, pero no es suficiente. Hace falta la participación de sociedad, gobierno, instituciones educativas, organismos altruistas, etc., para hacer de nuestros afluentes, no sólo del Río Atoyac, lo que fueron hasta hace al menos cincuenta años: sitios de recreación y esparcimiento.
