Los órganos electorales y jurisdiccionales deben ir a fondo en sancionar aquellas acciones de aspirantes desesperados a cargos de elección popular, que lucren con el dolor de miles de fallecidos y muchos más afectados por contagios de Covid-19. Desde el inicio de pandemia que ha dejado hoy en día en el país más de cien mil muertos y más de un millón de casos positivos, no fueron pocas las veces que diputados federales o locales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se publicitaban anunciado apoyos económicos o donativos para equipo quirúrgico u otros. No había nada malo en hacerlo. Lo grave es que se hayan aprovechado de la contingencia para publicitarse y sumar simpatías. Lo advertimos una y otra vez. Era poco ético aprovechar la emergencia sanitaria para etiquetar el apoyo o las acciones de solidaridad, con los colores de un partido.
La semana pasada trascendió que, con el propósito de rendir su informe de labores legislativas en la Cámara federal, un diputado del Partido del Trabajo (PT), habría puesto a trabajar a sus incondicionales para reunir la cantidad de 14 millones de pesos para las campañas de él y de su esposa, también diputada federal, con el argumento de que serían para donar a poco más de 28 mil ciudadanos, cubre-bocas y otros, a fin de poder protegerse de la pandemia. Las protestas y rechazos no tardaron. Utilizar una situación tan grave como la que estamos viviendo para arropar aspiraciones políticas, son acciones no sólo reprobables sino del mayor cinismo. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie las documenta y las sanciona. La idea era –se comentó en redes sociales- invitar a los asistentes a que reunieran con sus vecinos o simpatizantes, la cantidad de 50 mil pesos para la causa. ¿Cuál? La campaña de un avecindado –que no oriundo de Oaxaca- y de su esposa.
Otro caso es el del senador Salomón Jara Cruz, desesperado aspirante a la gubernatura del estado por segunda ocasión. Sin recato alguno ha realizado reuniones de sus simpatizantes por todo el estado, pasando por alto la grave situación sanitaria en la que vivimos. Otro más de sus correligionarios, Francisco Martínez Neri, ha hecho lo mismo. Pese a las denuncias en redes sociales y medios de comunicación, ahí siguen, haciendo de la impunidad una patente de corso. Su desesperación va en función del grave riesgo en el que ponen a sus seguidores y simpatizantes.
Transparencia y resistencia
Como lo hemos comentado en algunos espacios editoriales, diversas dependencias y organismos, como la Secretaría de la Función Pública (SFP) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), han hecho sendos reconocimientos al gobierno estatal, por la aplicación de medidas eficaces en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ello no ha sido fortuito, habida cuenta del trabajo realizado por la dependencia responsable, para que los sujetos obligados en las entidades estatales pongan a disposición de la ciudadanía sus portales respectivos. Hace poco más de un mes, también hubo reconocimientos para el ayuntamiento de la capital oaxaqueña, por sus prácticas apegadas a los principios de nula opacidad y presuntamente, claridad en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, como lo publicamos en nuestra nota principal el pasado 18 de noviembre, se detectaron operaciones poco claras en la renta de equipos móviles para los filtros sanitarios, para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19 que, según las pesquisas periodísticas, se realizaron con una empresa inexistente. Ésta, ha sido una práctica recurrente en nuestra entidad, tanto en dependencias estatales como municipales. No obstante, la puesta en marcha de mecanismos en contra de la corrupción, aún se observa contratación de empresas fantasmas, con domicilios fiscales falsos y otros, que llevan a tipificarlos como ilícitos. Todo ello se da cuando no existen instancias reguladoras o de supervisión que validen las obras que se realizan o las adquisiciones o rentas de equipo. La ausencia de contralorías internas, es motivo de preocupación.
Faltan pues mecanismos punitivos o sancionadores para que la transparencia sea, en efecto, un mecanismo de buen gobierno. En Oaxaca hay muchos municipios, como lo hemos comentado aquí, que han reprobado prácticamente las pruebas de transparencia y rendición de cuentas, como Juchitán de Zaragoza o Salina Cruz. En varios más no existen páginas en las que se manifiesten las erogaciones, salarios, adquisiciones y demás, de cada administración local. En este sentido, hay que decirlo, tal parece que los mecanismos que usa el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), son demasiado laxos para poder exigirle a los ediles rendir cuentas, como sujetos obligados. Existe pues, una gran resistencia para hacer realidad dicha demanda de toda sociedad democrática.
