Una auditoría a los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población, correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
El hallazgo forma parte de un conjunto de observaciones por al menos 5 mil 639 millones de pesos relacionadas con el ejercicio de recursos públicos federales, de acuerdo con un recuento elaborado por La Jornada a partir del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.
Los señalamientos incluyen recursos sin comprobar, pagos por trabajos que no fueron ejecutados, sobreprecios y otras inconsistencias detectadas durante las revisiones.
TARJETAS ACTIVAS SIN HABER SIDO ENTREGADAS
La revisión también puso bajo la lupa la operación del Banco del Bienestar en 2024.
Según la auditoría, 95 mil 960 tarjetas bancarias no fueron entregadas, aunque 94 mil 251 aparecían como activas.
La situación resulta relevante porque las reglas establecen que las tarjetas deben activarse después de que las personas beneficiarias las reciben.
Dentro de ese universo, a mil 78 cuentas se les dispersaron 8.6 millones de pesos, pese a que las tarjetas correspondientes no habían sido entregadas, de acuerdo con las observaciones citadas en el informe.
La auditoría también identificó otros 8.5 millones de pesos entregados a mil 376 estudiantes inscritos en escuelas que no estaban consideradas como prioritarias.
Estos hallazgos abren cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para verificar tanto a los beneficiarios como la entrega efectiva de los medios mediante los cuales reciben los apoyos.
MÁS DE 5 MIL MILLONES DE PESOS BAJO OBSERVACIÓN
Las inconsistencias no se concentran en las becas.
En el conjunto de auditorías realizadas durante 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó observaciones por al menos 5 mil 639 millones de pesos en diferentes áreas del gasto público federal.
La mayor parte corresponde a recursos federales transferidos a los estados. En ocho programas se registraron 48 observaciones por mil 602 millones de pesos.
Entre los principales señalamientos aparecen 751.4 millones de pesos relacionados con infraestructura hospitalaria, debido a falta de devengo de recursos y ausencia de documentación que acreditara y justificara el gasto.
En materia de agua potable se observaron otros 716.5 millones de pesos, relacionados, entre otros aspectos, con falta de aportaciones estatales, deficiencias en obra pública, irregularidades en volúmenes ejecutados y recursos que no fueron comprobados.
OBRAS PAGADAS QUE NO APARECEN EJECUTADAS
La obra pública federal también concentra una parte importante de las observaciones.
Las auditorías identificaron 161 hallazgos por 979.5 millones de pesos, entre ellos 31 casos de pagos en exceso y 25 correspondientes a obra pagada pero no ejecutada.
El dato resulta especialmente relevante porque no se trata únicamente de problemas administrativos: cuando un recurso público es pagado sin que el trabajo contratado haya sido realizado, la revisión debe determinar qué ocurrió con el dinero y quiénes fueron responsables de autorizar, ejecutar o supervisar esas operaciones.
En adquisiciones, las observaciones alcanzaron 259.5 millones de pesos, principalmente por penas convencionales que, de acuerdo con las revisiones, debieron aplicarse.
MIGRACIÓN, BIOLÓGICOS Y ENERGÍA, TAMBIÉN BAJO LA LUPA
Los órganos internos de control detectaron irregularidades en distintas dependencias y entidades.
En el Instituto Nacional de Migración, fallas relacionadas con la supervisión derivaron en ingresos por 537.6 millones de pesos que no fueron reportados o enterados oportunamente.
En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México se identificó un posible daño patrimonial por 419.5 millones de pesos.
Mientras tanto, el Centro Nacional de Control de Energía utilizó 295.7 millones de pesos de sus disponibilidades financieras para gasto corriente sin contar. Según el informe, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
PARTE DEL DINERO YA FUE REINTEGRADA
Las observaciones no significan que todos los montos señalados representen automáticamente un daño patrimonial definitivo.
El propio informe contempla procesos de aclaración, recuperación y determinación de responsabilidades.
La Secretaría reportó la verificación de 968.7 millones de pesos reintegrados a la Tesorería de la Federación provenientes de programas federalizados. De esa cantidad, 563 millones fueron devueltos durante 2024.
En obra pública se recuperaron 70.4 millones de pesos, mientras permanecen 680.4 millones sujetos a aclaración.
En el caso del Instituto Nacional de Migración, fueron enterados 284.1 millones de pesos a la Tesorería y otros 399.6 millones fueron remitidos al Servicio de Administración Tributaria como créditos fiscales.
AUDITORÍA NO EQUIVALE A RESPONSABILIDAD DEFINITIVA
Uno de los aspectos que debe considerarse al leer las cifras es que una observación de auditoría no implica, por sí sola, que exista un desvío de recursos o una responsabilidad penal.
El propio documento señala que las observaciones formuladas por los órganos internos de control pueden encontrarse en proceso de aclaración o formar parte de procedimientos deliberativos a cargo de las autoridades competentes.
Por ello, el alcance final de los hallazgos dependerá de la documentación que presenten las entidades involucradas y de las determinaciones que adopten las autoridades correspondientes.
Lo que sí deja la fiscalización es un mapa de áreas donde los controles sobre recursos públicos deberán ser revisados: desde la validación de beneficiarios de programas sociales y la entrega de tarjetas bancarias hasta la ejecución de infraestructura, las adquisiciones y la comprobación del gasto.
