Ha quedado al descubierto que los bloqueos carreteros que a diario se montan en el estado, particularmente en el Istmo, han devenido el gran negocio para operadores, dirigentes y hasta comuneros liderados por autoridades municipales o auxiliares. Lo vimos al inicio de la pandemia, en abril-mayo de 2020, cuando pobladores de agencias municipales y de policía de San Juan Mazatlán, Mixe, bloquearon la carretera Transístmica por al menos tres semanas. Los camiones de carga, trailers o vehículos particulares, tenían que pagar a los rijosos mixes, una cuota. Pese a las denuncias de que camiones cargados de tanques de oxígeno para pacientes internados en hospitales de Juchitán, Tehuantepec o Salina Cruz, eran retenidos de manera criminal, ello mantuvo sin cuidado a los bloqueadores. Siguieron explotando de forma torpe e indolente “el negocio”.
El pasado lunes circularon en redes sociales mensajes de operadores de unidades de carga en la que se lamentan de este tipo de acciones, dado que, desde primera hora del inicio de semana laboral, un grupo ya había llegado al famoso puente “Caracol”, cuyo bloqueo impidió el tránsito vehicular tanto a cualquiera de las ciudades istmeñas como a Veracruz, Chiapas o Guerrero, incluyendo obviamente, las zonas turísticas de Huatulco y Puerto Escondido. Con demandas que no son tal, cualquier baba de perico se asume redentor social y se inventa peticiones, para justificar su acción. Mucho hemos insistido en el tema. En tanto no exista voluntad política para aplicar la ley y parar este tipo de acciones de extorsión y chantaje, Oaxaca jamás podrá avanzar. Debe aplicarse aquí una dosis similar a que se ha dispuesto para las casetas de cobro, pues la toma de éstas se ha reducido, al darse a conocer que habrá sanciones penales.
Los daños que se generan a la libre circulación, a la economía, a la estabilidad política y social, son incalculables. Al gobierno no debe temblarle la mano para desalojar a quienes sigue perviviendo de estas acciones ilegales y contrarias a la vigencia de los derechos humanos. Ya lo hemos dicho: nada, absolutamente nada justifica que, con el ardid de peticiones particulares al gobierno, se tenga que afectar a miles y miles de automovilistas, transportistas o pasajeros que tienen que transitar por carreteras o caminos que grupos de ladrones y extorsionadores hayan decidido tomar para obtener dinero fresco.
Trabajo, no confrontación
En tiempos electorales todo se puede esperar. La ciudadanía de la capital acaba de recibir un golpe demoledor, gracias a la cerrazón del presidente municipal de la Villa de Zaachila, Rigoberto Chacón Pérez y de los vecinos de la agencia municipal, Vicente Guerrero, que ocasionaron un descalabro en el sistema de recolección de basura, cuando los dimes, diretes y disputas asomaron en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Por un lado, el torpedeo de actores de su mismo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al edil Francisco Martínez Neri y, por otra parte, los cuestionamientos de regidores de partidos de oposición, reclamando falta de oficio político y daño a los derechos políticos. Se trata de tres regidores: Pablo Ramírez Puga, Jocabed Betanzos, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Mirna López Torres del Partido Acción Nacional (PAN), quienes denunciaron la semana anterior, violencia política del edil capitalino.
Sin poner en tela de juicio lo que a cada uno de los quejosos (as) les compete, conforme a derecho, existe entre los citadinos y habitantes de agencias y colonias, el firme convencimiento de que, luego del desorden, opacidad, quiebra económica y falta de obras que caracterizó a la gestión del también edil emanado de Morena, Oswaldo García Jarquín, lo que urge del gobierno local es trabajo y dedicación; vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía. Que las disputas y ajustes de cuentas políticos se resuelvan en el marco de sus partidos u órganos jurisdiccionales. Nada más grave para el desarrollo de planes y programas pendientes para llevar a cabo, que las disputas aldeanas, denuncias o golpeteo mediático. Sin hacer una defensa a ultranza del edil aludido, lo cierto es que, justamente son esas disputas y confrontaciones, como las que señalamos, lo que se ha convertido en el obstáculo mayor para que Oaxaca supere su atraso y marginación.
El estado de la administración municipal que recibió Martínez Neri es poco más que lamentable. Deudas y quiebra económica por cerca de 300 millones de pesos, que han vuelto a poner en la mesa la necesidad de endeudamiento con la banca privada y todo lo que ello implica. ¿Qué podemos esperar los citadinos de obras, proyectos, programas sociales, de un gobierno local en la indigencia y aún más, cuestionado y torpedeado por los mismos concejales y actores del partido político que lo llevó al cargo?
