En el paquete de iniciativas que prepara el gobernador Salomón Jara y que la mayoría de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Unidad Popular (PUP), se aprestan a aprobar vía fast track, llama la atención una ley sobre la austeridad republicana. Ello implica que el gobierno que recién se estrenó habrá de apretarse el cinturón, haciendo economías y ajustando el presupuesto de operación a una estructura orgánica gubernamental racional. Se espera pues que dicha austeridad no sea parte de la moda sexenal en la llamada Cuarta Transformación, en donde se ha visto que por un lado se hacen ahorros y, por la otra, se tira en dinero en proyectos onerosos y excesos, como es la famosa Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
Si bien el ejecutivo estatal ha dicho una y otra vez que en su administración habrá un cuidado extremo en el uso de los recursos públicos, se espera que, respetando la división de poderes también en el Congreso del Estado se adopten dichas medidas, pues tenemos en Oaxaca el órgano legislativo más oneroso, improductivo y voraz de todo el país. Y eso no lo decimos nosotros. Lo ha documentado el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). Hace al menos tres meses, luego de haber erogado casi la totalidad del presupuesto autorizado para 2022, los y las diputadas exigieron a la Secretaría de Finanzas, la autorización de una ampliación presupuestal por más de 90 millones de pesos. ¿No es pues una incongruencia que aprueben una ley de austeridad y sigan sirviéndose con la cuchara grande del erario del pueblo al que tanto hacen referencia?
Porque si algo se busca tanto en los gobiernos emanados de Morena como en los cuerpos legislativos es algo de congruencia. No se puede tapar el sol con un dedo, ha dicho Jara Cruz al mencionar los cascarones y obras onerosas y sin terminar que dejó la anterior administración, cuestión que requiere de una exhaustiva investigación y deslinde de responsabilidades. Por ello, en consonancia con su líder estatal, que de facto es el gobernador, los y las diputadas no deben actuar en sentido contrario, sino ser congruentes. Porque en el edificio de San Raymundo Jalpan, en materia de austeridad, hacen realidad el dicho aquel que dice: “En casa de herrero, azadón de palo”.
La paz lejana
Uno de los problemas que han arrastrado al menos los tres últimos gobiernos, es concertar la paz en la etnia triqui. Ha sido una labor inútil. Es más, en una de sus tantas visitas a Oaxaca en el pasado reciente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ofreció a estar presente cuando los diversos grupos y organizaciones que se disputan la supremacía estuvieran dispuestos a pactar la paz y la reconciliación. Nada ha ocurrido. En la administración pasada se dieron avances importantes, con el apoyo del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Es más, fueron citados a la Ciudad de México los dirigentes y colectivos de los grupos y organizaciones en conflicto, para allanar el camino para el retorno de al menos 130 familias a la comunidad de Tierra Blanca, Copala.
Pero justo cuando las pláticas y diálogo para la paz avanzan, algún hecho criminal viene a ensombrecerlas. Una y otra vez dichas mesas han fracasado. Una y otra vez, la postura dual de los dirigentes es puesta en tela de juicio, justamente porque a la sociedad oaxaqueña le ha quedado claro que la administración de la violencia y la muerte, representa el gran negocio de los dirigentes. Luego del desalojo de los triquis que mantenían copados los pasillos del Palacio de Gobierno, un controvertido personaje que actuó como mediador, el padre Alejandro Solalinde, confirmó dicha tesis, al manifestar que la violencia se ha convertido en un gran negocio. Lo anterior viene a cuento por la visita que el fin de semana pasada hiciera a la zona, que ellos llaman la Nación triqui, el gobernador del estado, ofreciéndoles las alternativas del desarrollo y otras obras de beneficio social para atenuar el perpetuo conflicto.
Cabe señalar que, en este mismo espacio editorial hemos abordado el tema, con una tesis: en tanto no se ubique a dicha etnia bajo el prisma de la ley, la violencia seguirá por las razones que ya hemos expuesto. Ha sido la impunidad y la falta de castigo a unos y otros lo que ha salpicado de sangre la región durante las dos últimas décadas. El manejo perverso de actores externos ha hecho que los triquis sean una etnia beligerante que se mata entre sí; que desaparece personas y pervive entre emboscadas y ajustes de cuentas. Bien por el propósito de Jara de pacificar la zona, pero, en tanto el diálogo no vaya acompañado de la aplicación de la ley, la paz será cada vez más lejana.
