El añejo proyecto hidráulico para generar energía eléctrica conocido como “Paso de la Reina”, ha sido objeto de controversias y desacuerdos, sobre todo, de confrontación entre las comunidades de dicha zona. Sólo en los últimos tres meses se han registrado al menos cinco homicidios de personas defensoras de la tierra y el territorio. Existe pues una ola de violencia que debe detener el Estado. Apenas el domingo 28 de marzo, ocurrió el homicidio de un activista. En enero de este año, ocurrió una situación similar con Fidel Heras, integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), mientras que a mediados de marzo ocurrieron otros tres crímenes y como ya mencionamos, el mes cerró con una persona más. Se trata de al menos cinco homicidios que han registrado las autoridades, situación que ha documentado, asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), organismo que ha exigido la intervención inmediata del Estado mexicano para detener la ola de violencia entre la población.
Una situación similar, aunque en un contexto diferente se ha dado en la región que habitan los triquis. Las autoridades locales de la comunidad de Tierra Blanca, se han deslindado de las organizaciones que han sentado sus reales en territorio de Santiago Juxtlahuaca: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULTI y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). La población de dicha comunidad ha exigido a las autoridades federales y estatales reforzar las tareas de vigilancia, sin embargo, se han topado con el activismo de los dirigentes que han hecho creer al gobierno que se trata de una zona de guerra, de la que mañosamente se lavan las manos, cuando se sabe que han sido ellos los que han alentado la violencia y la discordia. Y se movilizan en la Ciudad de México, asumiéndose víctimas.
En ambas zonas es urgente la colaboración de la Guardia Nacional para realizar recorridos disuasivos, así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO). En el caso de los homicidios perpetrados en las dos, es urgente que la Fiscalía lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos y que los homicidas paguen por los ilícitos cometidos. La DDHPO insiste en que es indispensable garantizar el acceso a la justicia a personas defensoras o colectivos víctimas de agresiones, lo cual implica conocer la verdad de los hechos, sanción a los responsables, atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.
Una postura ambigua
Como mexicanos y medios de comunicación, nos sorprendió la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al caso del periodista, Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en Sonora, desde 2005. Decimos extraña postura, pues tal parece que, como lo han dicho algunos colegas de medios nacionales, su deporte favorito, ahora que no puede opinar de elecciones o partidos políticos, será descargar su aversión hacia medios de comunicación y periodistas. Durante su diaria conferencia de prensa, el pasado 8 de abril, en respuesta a preguntas de periodistas, expresó que requerirá información a la Secretaría de Gobernación y dijo que solicitará avances en la investigación. Horas después, el titular de la Comisión de Búsquedas de personas en el estado de Sonora, José Luis González Olivarría, visitó a los padres del periodista, a quienes aseguró que el gobierno federal dará prioridad al caso.
Desde ese año, la familia de Jiménez Mota, cuyo caso, en su momento hizo suyo la Asociación Mexicana de Editores (AME), en su directorio de denuncias ante la Fiscalía Especializada para Atentados cometidos contra Periodistas, no se ha sabido de su paradero. Desde que se reportó la desaparición del reportero de El Imparcial de Sonora, se han puesto un sinfín de denuncias al respecto, sin tener éxito. Hay varios casos de desaparición forzada de compañeros y, desde ese año hasta la fecha, hay más de una centena de colegas asesinados tanto por el crimen organizado como por otros poderes fácticos. Sorprende la actitud contradictoria del presidente de México, habida cuenta de que tiene a los medios de comunicación como un factor permanente de señalamientos, a quienes acusa de ser portavoces de los adversarios de la Cuarta Transformación.
México –y eso no lo decimos nosotros, sino organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o Artículo 19- es un país en donde el quehacer periodístico es un oficio en grave riesgo. El directorio de compañeros sacrificados o desaparecidos, es numeroso. Más lo es la impunidad, ya que si acaso un 5 o 10% de los asesinatos ha sido esclarecido. A ello hay que agregar, hoy mismo, la aversión que se deja entrever en cada señalamiento presidencial y el encono que se ha desatado en contra de aquellos compañeros que no se han subordinado a la línea imaginaria de escribir u opinar como vulgares cortesanos, apologistas o quema incienso.
