A poco de iniciar su período de gobierno y a dos días del famoso desalojo de los pasillos del Palacio de Gobierno, el gobernador Salomón Jara acudió a la zona triqui para dialogar con sus representantes y con dicha etnia en pleno. Les ofreció estar al pendiente de sus necesidades y exigencias. Se trató, sin duda alguna, de una buena acción de gobierno. Esta etnia es beligerante y ya se ha habituado a estar en permanente conflicto con sus mismos hermanos de raza. Pero no es algo natural, sino que les llega por añadidura, en virtud de la mala asesoría que reciben de sus dirigentes, muchas veces personas extrañas a su etnia que han vivido de administrar la violencia y la muerte. De ello están plenamente convencidos en el mismo gobierno federal, habida cuenta del fracaso de las mesas de diálogo que promovió el ex gobernador Alejandro Murat y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Todas fracasaron, por la sencilla razón de que cuando estaban los dirigentes prestos a firmar los acuerdos de paz, en la zona triqui se cometía algún crimen que afectaba a una u otra organización. Es más, hasta el ofrecimiento del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de venir a Oaxaca y acudir a firmar como testigo en los citados acuerdos, fue soslayado por los dirigentes, empeñados como hemos dicho, en seguir administrando la violencia y con ello exigir dádivas y prebendas del gobierno. No fue fortuito que el mismo presidente de México validara el desalojo de los indígenas de la referida etnia que mantenían copados los pasillos del Palacio de Gobierno, al considerar la acción del gobierno estatal como algo justo y adecuado.
Con certeza, el ejecutivo estatal tiene clara la película de que para pacificar la zona –que no Nación- triqui, se requiere algo más que diálogo: se necesita la fuerza de la ley. La mayor parte de homicidios dolosos que se cometen en dicha zona, llena de sicarios que militan en las diversas organizaciones, así como los secuestros y desapariciones, quedan en la impunidad, pues ante la detención de los presuntos responsables, de inmediato vienen los bloqueos carreteros o las manifestaciones violentas. Y eso ha sido la constante. Justamente por ello, las autoridades del pasado, temerosas de acciones de presión y chantaje, prefirieron dejar hacer y dejar pasar. Que no ocurra lo mismo en este gobierno.
Investigar y proceder
Otro de los temas que ha dado lugar a un inédito espectáculo mediático es el asunto relativo a la venta de plazas que, según el ejecutivo estatal, se estiman en al menos ocho mil. Dicha especie ha dado lugar a una serie de rumores y trascendidos, señalando a ex secretarios de Administración del gobierno pasado como responsables. Dada la situación política por la que atraviesa el partido que gobernó en el período 2016-2022, dichas declaraciones han sido tomadas como armas de ataque de unos y defensa de otros, por lo que el gobierno de Salomón Jara, más que animar este escarnio público debe proceder a instruir al área correspondiente a realizar las investigaciones pertinentes y, de ser el caso, proceder jurídica y legalmente en contra de quienes se presuman responsables. Se trata, en efecto, de una acción que tendría consecuencias negativas en el gasto gubernamental, por lo que debe tener prioridad para el gobierno que recién inició operaciones.
Es importante recordar que el tema de la venta de plazas de base siempre ha estado en el radar de las nuevas administraciones. Pero, que se recuerde que se haya hecho algo al respecto, definitivamente no hay nada. A la llegada del gobierno de Alejandro Murat, se dijo que en torno a dicho tema se iría a fondo. No pasó de ser sólo un asunto mediático. De igual manera, cuando el gobierno de Gabino Cué llegó, se indiciaron al menos 32 funcionarios del régimen anterior. Salvo uno o dos pisaron la cárcel, más por paliar la presión de la opinión pública que por resarcir al gobierno estatal de los recursos desviados o producto de la corrupción. Debe existir pues un pleno convencimiento de que el castigo a los responsables del quebranto al erario público debe ir más allá del escarnio mediático.
El ejecutivo estatal y su equipo de transparencia y revisión de cuentas deben cuanto antes informar de sus pesquisas y poner en manos de los instrumentos de justicia lo que conlleve para castigar dichas acciones. Estamos convencidos de que, para los responsables de robarle a los más pobres, en este caso a Oaxaca, no debe haber consideración alguna y para ello hay que ir a fondo. Pero hay que brincar el espectro mediático o del simple señalamiento. Para poder actuar, como reza el dicho popular, “hay que tener los pelos de la burra en la mano” y no especular o señalar sin bases, que ello carece de sentido.
