Para presentar la denuncia del desastre financiero en que fue recibida la administración municipal, el martes 28 de junio de 2022, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, montó un buen cuidado escenario e hizo preparar una presentación en power point para explicar, uno a uno, los rubros de un boquete estimado en 386 millones 603 mil pesos heredado por la administración de Oswaldo García Jarquín, mucho más de los 104 millones 473 mil que reportó durante el proceso de entrega recepción de la ciudad. Tres veces más.
Ese día, Martínez Neri informó que se fincaría responsabilidades ante las fiscalías General de la República (FGR) y General de Oaxaca (FGO), ante presuntos malos manejos y desvíos que se configurarían por el adeudo y malos manejos y, en su informe ofreció, prometió y se obligó a que se daría seguimiento para evitar la impunidad sobre el desaseo que recibió Oaxaca de Juárez.
Ha transcurrido un año de esa denuncia y a este trienio ya se le fue la mitad de vida sin que se haya avanzado en lo más mínimo; ningún personaje indiciado, mucho menos detenido, algunas de las cuentas, dice Neri, se han ido pagando, otras más, simplemente, se han ido acumulando.
Para presentar la denuncia Martínez Neri solicitó una amplia cobertura de medios, preparó el segundo patio del Palacio municipal y dio el primer golpe, aseveró que la deuda heredada rebasaba con mucho lo que dejaron las pasadas administraciones, priistas, para más señas.
Insistió que había pagos indebidos y malos manejos de recursos federales y dio a conocer un rosario de anomalías: falta de insumos en materia de Seguridad Pública y en diversos rubros de la administración municipal. Declaró que le entregaron en 18 cuentas bancarias la cantidad de 24 millones 250 mil 252 pesos 81 centavos, de los cuales, 15 millones 381 mil 573 pesos, 12 centavos fueron destinados para el pago de obras del ejercicio 2021.
Afirmó que a la administración municipal le quedaron 8 millones 868 mil 679 pesos disponibles, cifra insuficiente para pagar las deudas contraídas por el municipio, monto que representa un 25% del presupuesto de 38 millones 307 mil 906 pesos se debieron reintegrar a la Tesorería de la Federación, sin embargo, este recurso del Ramo 23, el exedil, los aplicó al pago de salarios en el año 2021, y sustentada con fecha 10 de noviembre.
Martínez Neri dio cuenta de más irregularidades materia de procesos penales como recursos para obra que terminaron en gasto corriente del año 2021; arrendamientos de transporte o equipo de computación que no se justificaban o innecesarios; un “sistema integral de gestión municipal denominado CONFYYA que incluyó módulos de recaudación, contabilidad y nómina que no era necesario adquirir”, afirmó.
Deudas por laudos y sentencias laborales, inversiones para presunto ahorro de energía eléctrica y muchos asegunes más, “lo anterior nos enfrentó a un inicio de gestión muy complejo, repercutiendo fundamentalmente en la capacidad del gobierno municipal entrante para hacer frente a necesidades urgentes de mantenimiento de la infraestructura urbana y para pagar adeudos, salarios y prestaciones de los trabajadores”, dijo el edil.
Y concluyó: hubo “un aumento desproporcionado de los recursos humanos, sobreejercicio presupuestal sin soporte legal; adquisiciones de software sin utilidad y beneficio objetivos, rentas de inmuebles que se dejaron de pagar, en varios casos hasta por todo el año de 2021, omisión de la presentación de la cuenta pública 2020 ante el Órgano Superior de Fiscalización”, añadió. Sumó “adquisición de gasolina sin control; algunas obras que no habían sido terminadas al 100%, aunque ya reportaban pago total; falta de emisión de CFDI para amparar íntegralmente, tanto los ingresos por contribuciones como el pago de nómina, lo que ha entorpecido la recuperación del ISR”.
Pero, ¿quiénes eran algunos de los integrantes de ese cabildo que, con sus firmas, avalaron el desastre financiero heredado? Muchos de los documentos están avalados por Jorge Castro Campos, síndico segundo, como las deudas, también heredado por la administración de García Jarquín a Martínez Neri, con lo que cumplirá seis años en la administración municipal, ambas con sello morenista.
Otra presuntamente implicada es la actual diputada morenistas por el distrito de Nochixtlán, Tania Caballero, quien asumió la regiduría de Hacienda municipal. Quien también conoció del asunto fue Pavel Renato López Gómez, petista entonces responsable de Imagen, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Centro Histórico y Patrimonio Mundial y que repite en esa posición.
La también petista y ahora diputada estatal Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz, fue parte de ese cabildo como regidora de Bienestar Social y Población en Condición Vulnerable y de Juventud, Deporte y Recreación y René González Sánchez es regidor de Reglamentos y Nomenclatura municipal y de Contraloría y Gobierno Abierto.
Meses después, ante el paquidérmico “avance” de las pesquisas Martínez Neri indicaba que los expedientes los analizaba la Contraloría Interna municipal para presentar sólidos argumentos a las fiscalías y, hace apenas unos meses, achacaba a la Fiscalía General de Oaxaca de lentitud a las indagaciones y al dar trámite a las denuncias.
Mañana se cumple un año de esa denuncia, del informe sobre lo maltrecho y lesionadas en que quedaron las arcas municipales y que han marcado la estrechez financiera pero, a 365 días de distancia no se esperan anuncios espectaculares y si, lo que parece ser, se ha extendido un manto de opacidad, un salvoconducto a pesar de la corrupción descubierta y que se ha extendido a la presente administración.
Hay complicidad, negligencia.
