Por el bien de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la confianza y la credibilidad que le debe otorgar el pueblo oaxaqueño, los hechos ocurridos en Pinotepa Nacional y en Huautla de Jiménez deben ser investigados por alguna comisión de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado u otros. El asunto es grave. La semana anterior, una mujer estuvo en frente al Palacio de Gobierno para denunciar a comandante y elementos de la citada corporación, como presuntos responsables del asesinato de su hijo adolescente, estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobao), cuyo cadáver fue encontrado en estado de descomposición en el Río Las Arenas y, posteriormente, del homicidio de su esposo. El asesinato de esta persona ocurrió, justamente, cuando se llevaban a cabo los rezos del joven asesinado, primero secuestrado, desde el 27 de febrero pasado y encontrado, como ya se dijo, el 3 de marzo en Pinotepa Nacional.
Según grabaciones de otros familiares, junto al cuerpo del joven Carlos M. V., de 18 años de edad, se encontró un vehículo calcinado, con lo que, se presume, trataron de borrar toda evidencia. Sin embargo, cuando el padre del joven fue a denunciar la desaparición de su hijo, se percató de que una de las voces que por teléfono exigía el rescate correspondía a uno de los elementos al mando del comandante Severiano Santiago, de la referida corporación. Al encarar al elemento, el padre –luego asesinado- habría recibido amenazas, que se concretaron al poco tiempo, cuando arremetieron en pleno funeral el 10 de marzo, en contra de los asistentes, resultando muerto el citado mentor, César Eduardo M.G. y herido, Hugo Antonio J.C., amigo de la familia, quien falleció después. La familia ha utilizado los medios digitales para hacer denuncias, además, de dar la cara.
Lo único que sí trascendió fue que el comandante del grupo habría resultado herido, por lo que fue internado. Ante la falta de apoyo de la Vicefiscalía en la Costa, de donde dependen, sus compañeros tuvieron que hacer una cooperación para pagar médicos, hospital y demás. Sin ánimo de denunciar, acusar, hacer el papel de fiscal o juez de control, que no es nuestra tarea, bien haría la FGEO en realizar, a través de su área de asuntos internos una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades. Cuidando la presunción de inocencia, no sería el primer caso en el país ni en Oaxaca, que elementos policiales abandonan su misión en favor de la sociedad para devenir viles delincuentes. Y la AEI, hay que reconocerlo, no está a salvo.
Mal ejemplo cunde
Se está volviendo ya una costumbre, un mal hábito o el uso sin recato de la violencia en vecinos de comunidades que llegan a las oficinas gubernamentales y, en protesta por la negativa de algunos funcionarios en atenderlos y resolverles de manera favorable sus demandas, arremeten de manera cobarde, en contra de empleados y empleadas tanto de Ciudad Judicial como de Ciudad Administrativa. Ello sin contar otras oficinas alternas en las que se atiende al público. Hace un par de años, quienes pusieron de moda esta práctica aberrante fueron los dirigentes y vecinos de la comunidad de Santo Domingo Teojomulco. Armador de resorteras, hondas y palos, destruyeron cristales, puertas y otros. Además, causaron terror entre empleados (as), cuando pusieron candado a las puertas, lanzaron proyectiles a diestra y siniestra y, cuando algunas empleadas quisieron escapar por las cañerías, prendieron fuego al pasto seco para asfixiarlas.
Estos cobardes, retornaron a su comunidad con una sonrisa en los labios: ninguna autoridad los llamó a cuentas por sus actos, vandalismo y destrucción. Menos por los intentos de homicidio y otras acciones tipificadas como delitos. Hace al menos diez días volvieron. Hicieron exactamente lo mismo, con una salvedad: arremetieron en contra de mujeres, hombres, transeúntes, motociclistas, inclusive, destruyeron una patrulla de la Guardia Nacional. ¿Alguna autoridad detuvo a los responsables de la destrucción de cristales y mobiliario en Ciudad Administrativa o de otros daños causados? No. En la Secretaría General de Gobierno les montaron una mesa de diálogo a los dirigentes. Luego de sus fechorías, como la primera vez, se fueron tan tranquilos como llegaron, riéndose de la impunidad que les dispensan las autoridades que, se presume, deben castigar estos actos.
El martes de la semana anterior, vecinos de San Cristóbal Amatlán, distrito de Miahuatlán, emulando a los de Teojomulco, hicieron lo propio. Ahí están los videos y fotografías de cómo arremeten con palos en contra de empleados y empleadas por igual, aprovechándose de la indefensión de los mismos y sacándolos de sus oficinas en donde laboran. Esta situación aberrante debe castigarse y no quedar en la impunidad. Para empezar, el gobierno como representante legítimo del Estado, debe actuar con medidas de prevención, disuasión y fuerza, cuando ésta sea necesaria. La agresión física o verbal en contra de sus trabajadores no debe ser permitida más.
