El acoso sexual en México es un problema grave y persistente que afecta a personas de diferentes géneros, edades y entornos, pero las mujeres son las más vulnerables. Se manifiesta en diversos espacios: trabajo, transporte público, instituciones educativas y en la calle y el reto actual es aumentar la confianza en las autoridades para denunciar, erradicar estereotipos y fomentar la igualdad de género desde la educación básica e implementar protocolos efectivos en empresas e instituciones para prevenir y atender el acoso.
La lucha contra la violencia sexual requiere un enfoque integral que involucre a toda la sociedad ya que solo a través de la educación, la justicia y el compromiso colectivo será posible erradicar esta problemática, protegiendo los derechos y la dignidad de todas las personas. A nivel social, la violencia sexual perpetúa patrones de desigualdad, refuerza roles de género discriminatorios y genera desconfianza en las instituciones.
También tiene un impacto económico significativo debido a los costos asociados con la atención médica, la pérdida de productividad y los recursos destinados al sistema judicial. Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras y multidimensionales. A nivel individual, las víctimas suelen enfrentar traumas físicos y psicológicos severos, como trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, problemas de autoestima e incluso el suicidio.
A pesar de que ésta es una realidad en muchos centros de trabajo en México y el mundo, son pocas las iniciativas y mecanismos destinados a erradicar y sancionar estas conductas en las empresas; aplicar procedimientos para prevenir, atender y sancionar estas formas de violencia que afectan principalmente a las mujeres e impiden su desarrollo laboral y el pleno ejercicio de sus derechos. Cifras advierten que el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.
Recorte en salud
Al asumir el IMSS Bienestar la rectoría de más de 900 unidades de salud en Oaxaca, así como la nómina de más de 11 mil trabajadores del sector, lejos de contar con mayores recursos para atender las necesidades hoy recibirán 3 mil 769 millones de pesos menos en su presupuesto de 2025.
El recorte presupuestal podría afectar diversos programas, entre ellos, para la prevención de muertes maternas, la compra de anticonceptivos y en el combate de enfermedades transmitidas por vector como el dengue, entre otros. Si bien las autoridades alistan gestiones para el fortalecimiento de su programa operativo anual, hay riesgo en el proceso de transición al IMSS Bienestar que aún no ha concluido, con diversas dificultades a los hospitales para el próximo año.
La transición del sector salud al IMSS-Bienestar en México enfrenta diversos desafíos significativos. Uno de los principales problemas es la centralización de recursos de salud que anteriormente eran gestionados por los estados. Con esta reforma, el IMSS-Bienestar absorberá los fondos estatales destinados a la salud, lo que ha generado críticas por parte de la oposición, quienes consideran esta medida como una centralización “abusiva y regresiva” que podría afectar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos.
Además, la transición del Seguro Popular al Insabi y ahora al IMSS-Bienestar ha dejado a más de 50 millones de personas sin acceso adecuado a servicios de salud, lo que representa un aumento del 151% en la población sin cobertura desde 2018. Esto ha incrementado el gasto directo de las familias en salud y ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables.
El sistema también enfrenta retos en el suministro de medicamentos, con más de 15 millones de recetas no surtidas. Se ha identificado la necesidad de reformar el sistema de adquisiciones para fomentar la competencia y garantizar la calidad y disponibilidad de los medicamentos, lo que requiere mayor transparencia y eficiencia en la gestión.
