Ya es común escuchar en los discursos oficiales el argumento de la equidad de género y la igualdad de mujeres y hombres. Ponderar la participación de aquellas en tareas de gobierno y en actividades comunitarias. Hay grupos y organizaciones no gubernamentales que una y otra vez insisten en que no haya discriminación, pero ante hechos consumados guardan silencio. Es el caso de lo ocurrido la semana pasada en Santa María Alotepec, Mixes, en donde siete mujeres fueron privadas de la libertad y puestas en la prisión municipal, luego de haberse negado a prestar los trastes de la cocina comunitaria, que les exigían las autoridades. La nota dio la vuelta en redes sociales, pero sobre todo, porque la acción fue severamente cuestionada tanto por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), como por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que, incluso, emitió medidas cautelares. En respuesta, las autoridades municipales de dicho municipio mixe, se lanzaron en contra de las autoridades que exigieron la liberación, como la Fiscalía General del Estado, argumentando que son sus usos y costumbres los que ahí rigen y, por tanto, justificando dicha acción contra derecho.
No han sido pocos los casos recientes de humillación y segregación que se han dado tanto en lo político como en lo social, en diversas comunidades que se rigen por los famosos sistemas normativos internos. Hay que recordar el caso de una presidenta municipal electa, que tuvo que ceder el cargo a un varón, quien era su pariente. Los casos de violación al principio de equidad de género o igualdad de oportunidades se han vuelto parte del anecdotario cotidiano en dichas comunidades. La violencia contra la mujer no cesa. El mejor ejemplo de ello está en la defensa que hizo de su atropello la autoridad municipal de Alotepec. Todo se finca en un sistema obsoleto y discriminatorio. El mejor ejemplo de ello lo fue hace años la actual Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Eufrosina Cruz Mendoza, cuando se propuso ser presidenta municipal de su natal, Santa María Quiegolani, Yautepec. Se le negó tal derecho con el argumento de que ahí las mujeres no pueden ser autoridades municipales. Son pues los usos -¿o abusos?- y costumbres los que siguen rigiendo en este sistema discriminatorio y misógino. Y el Estado tiene que callar, porque es quien los ha validado en las últimas décadas, así sean una aberración.
Vigilar límites
Desde hace mucho, en el discurso político se creó el término “operación cucaracha”, para definir la huida de delincuentes de algunos estados vecinos, ante el acoso policial, y su penetración a territorio oaxaqueño a delinquir. Y no hay duda que dicha situación sigue permeando en el ambiente de seguridad pública estatal. Se argumenta por ejemplo, que células de la delincuencia organizada que opera en Veracruz, cometen sus ilícitos en dicha entidad, pero vienen a dejar sus cadáveres a la Cuenca del Papaloapan. Igual situación ocurre con los crímenes que se cometen en la costa oaxaqueña, de los que muchas veces se responsabiliza a los cárteles criminales y bandas delictivas que operan en Guerrero. El viernes 2 de agosto, en un camino de terracería, el tramo carretero entre Arriaga, Chiapas y San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, fue encontrado un taxi de un sitio de Tonalá, con cuatro cadáveres dentro. Dos en el asiento trasero y dos en la cajuela. Las cuatro personas habían sido levantadas en esta ciudad chiapaneca dos días antes y en su momento, las autoridades fueron alertadas de su desaparición.
La lectura de esta situación es que las corporaciones policiales deben estar alerta de acciones criminales como las que mencionamos líneas arriba. Es decir, están obligadas a instalar filtros o retenes que impidan que el territorio oaxaqueño se convierta en tiradero de cadáveres o refugio de sicarios. Por otra parte, es una justificación tonta afirmar que algunos de los ilícitos se cometen porque las autoridades de los estados vecinos no imponen controles. La delincuencia organizada opera aquí desde hace mucho. Es una torpeza tratar de ocultar una realidad que es más que evidente. Se habla a menudo de reuniones entre autoridades de los estados con los que el nuestro tiene vecindad. Bajo esa premisa deben tratarse asuntos como los que nos ocupan. Situaciones como las de los cuatro ejecutados en el taxi que apareció en territorio oaxaqueño, deben tratarse al más alto nivel, ahora que la Guardia Nacional ha tenido ya presencia en la entidad y tiene la misión de salvaguardar la vida y el legado de los mexicanos y, en consecuencia, de los oaxaqueños. Antes eran las comisiones de derechos humanos las que consideraban anti-constitucional la imposición de retenes y puestos de revisión. Hoy sería un absurdo cuestionarlos, en cuanto son cada vez más necesarios.
