Hace poco más de una semana, en jurisdicción de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, se accidentó un taxi del servicio público. Hubo al menos tres muertos, a los cuales no se les pudo encontrar identificación alguna, lo que hizo presumir su condición ilegal en el país. No es la primera vez que ciudadanos procedentes de países de Centro, Sudamérica u otros países, sufren fatales accidentes. Son secuestrados o asesinados en su trayecto hacia los Estados Unidos de América, en busca, al igual que muchos mexicanos, del llamado “sueño americano”. Los ha habido también que son víctimas de la delincuencia organizada, en el tramo Ciudad Ixtepec-Medias Aguas, Veracruz. Los casos de desapariciones forzadas, de explotación y trata de mujeres, a veces por los mismos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), pasan a la historia sin que hayan sido investigados. Las caravanas de madres de familias de centroamericanos que jamás han vuelto a sus lugares de origen, han sido publicitadas en los medios de comunicación. Hay atrocidades que jamás son castigadas por las autoridades, pues al tratarse de personas que no portan identificación alguna, no hay querella, menos quién haga la denuncia correspondiente. Y las víctimas terminan, lamentablemente, en fosas comunes.
Por ello reviste importancia la reunión que el fin de semana pasado sostuvo el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez y su equipo de trabajo, con el Cónsul General de Guatemala, Héctor Palacios Lima, el Cónsul General de Honduras, Raúl Otoniel Mozarán, y con el Representante del Cónsul de El Salvador, Rafael Antonio Criollo Ramírez. Se trata de fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía de Atención al Migrante de Ciudad Ixtepec. Junto con el Fiscal General, participaron servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Oaxaca (PGR), del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) y del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes acordaron coadyuvar con la citada Fiscalía General y con cada uno de los representantes diplomáticos para trabajar en beneficio de los migrantes. Todo ello con el propósito de investigar los ilícitos en los que se vean involucrados los migrantes que están de paso en el país, pero particularmente en nuestro estado y aplicar los castigos pertinentes a los responsables de la violación de los derechos y libertades de todas las personas y, desde luego, de los migrantes que sean víctimas de delitos.
Obligada revisión de Ley Orgánica
Desde el inicio de la administración de Alejandro Murat, el primero de diciembre de 2016, se advirtió un vacío que no pasó desapercibido entre la clase política y ciudadanía: la secrecía en torno a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, que había aprobado la entonces naciente LXIII Legislatura. Y así se ha mantenido desde entonces. Sin hacer comparativos de ninguna especie, hay que recordar que la citada Ley Orgánica fue con la que abrió su gobierno Gabino Cué. Ahí es establecían los requerimientos para desempeñar determinado cargo público, tanto en el gabinete legal como en el gabinete ampliado. Éste estableció como mínimo para dichos cargos, contar con título profesional, cuestión que derivó de inmediato en ceses y renuncias. Sin embargo, en algunos aspectos, se siguieron conservando las atribuciones que competían a cada dependencia o entidad. En el actual gobierno, se otorgó la facultad de elaborar la iniciativa de Ley Orgánica —se sabe— a quien fuera Consejero Jurídico de la gubernatura, Ángel Alejo Torres. Se desconocía la experiencia de dicho personaje en estos menesteres. De ahí surgió una ley que tiene más contradicciones que congruencia.
Por ejemplo, a la Secretaría General de Gobierno (Segego) se le quitaron responsabilidades que por su misma naturaleza le competen, como la sectorización del Registro Civil, la Dirección General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad.
28Se sabe que se limitaron las funciones de la Secretaría de Administración en materia de adquisición de bienes y servicios, función que le ha correspondido siempre. Ello implica que la citada iniciativa parece haberse hecho no con el cerebro sino con los pies. En los últimos días, han sonado con insistencia las protestas de organizaciones civiles de mujeres y de los grupos llamados feministas, en contra de la pretensión de la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), en cambiarle de denominación. Apenas ha pasado un año y tres meses y ya se empiezan a ventilar las incongruencias de la referida Ley. He ahí el por qué insistimos en que más que cambiarle de denominación a una dependencia, lo que debe hacerse es revisar las inconsistencias de la Ley vigente y que el ejecutivo estatal envíe una nueva iniciativa. No hacer remiendos sino una nueva norma que vaya al tenor del proyecto político del gobernador Alejandro Murat y cumpla las expectativas para la cual debe ser aprobada.
