La semana anterior hubo una serie de movilizaciones. Algunas de ellas con una petición: justicia para ciertos hechos ilícitos en donde algunos miembros de las organizaciones sociales demandantes fueron las víctimas. El Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), que exigió justicia al celebrarse el octavo aniversario del asesinato de quien fuera su dirigente: Arturo Pimentel Salas y el Frente Popular Revolucionario (FPR), franquicia del ex guerrillero y maestro egresado de la Escuela Normal Rural de “El Mexhe”, Hidalgo, Germán Mendoza Nube y su testaferro, Macario Otalo Padilla, quienes bloquearon importantes cruceros y carreteras, a un año del asesinato de uno de sus dirigentes regionales: Tomás José Martínez Pinacho, su alfil en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Tambien CODECI, recordó a Catarino Torres Pereda. Dichas organizaciones -y todo el mundo lo sabe- perviven de la relación de presión y chantaje que hay con el gobierno del estado. Y aprovechan sus banderas para obtener dádivas y prebendas.
¿En verdad les duele la muerte violenta de sus compañeros y están empeñados en que se haga justicia o sólo es una bandera para explotar y obtener esas dádivas del gobierno estatal? Estamos convencidos de que prevalece más lo último. Veamos. En el caso del dirigente regional del FPR, asesinado luego de una movilización en la ciudad de Oaxaca, cuando retornaba a su natal Miahuatlán y se quedó a cenar en una taquería de la comunidad de Ánimas Trujano, al menos dos sujetos, sicarios ampliamente conocidos en la primera población, fueron detenidos y ya están bajo proceso, con el cargo de ser los autores materiales. No obstante, lo anterior, ahora los citados dirigentes, exigen a las autoridades dar con los autores intelectuales y, para ello, han realizado decenas de movilizaciones. Su objetivo no es pues el esclarecimiento del crimen, sino ver qué le sacan al gobierno.
En el gobierno estatal se ha lamentado el recorte de al menos 1 mil 500 millones de pesos del presupuesto que la Federación nos asignó para este ejercicio fiscal. Ello representará recortes para los municipios y para programas prioritarios. Bajo esa premisa, no está en posibilidades de seguir manteniendo las ambiciones de dirigentes de más de 400 organizaciones sociales que perviven de la dádiva gubernamental. La mayoría de los mismos lucran con los apoyos económicos recibidos y engrosan sus cuentas bancarias y su patrimonio personal. El dinero recibido -y eso no es un secreto- no va a dar a las comunidades o sectores que presuntamente representan.
Protagonismo enfermizo
Sería injusto no reconocer que la vacuna, sea cual fuera su manufactura, es un certificado, si no total de inmunidad, al menos evita daños mayores en quienes la han recibido. Según las autoridades sanitarias, ello no obsta para que aquellos que han sido beneficiados con el biológico, dejen de aplicarse los protocolos sanitarios. Ello fortalece su inmunidad, pues hay casos de personas que padecen comorbilidades que aún con la vacuna se han agravado y fallecido. Luego del impacto letal de la Covid-19 en jóvenes y adultos, existe una gran aceptación para aplicarse la vacuna, sin embargo, como ha ocurrido en otras partes del país y aún en la Ciudad de México, las dosis que se han enviado han sido insuficientes y no han cubierto el universo de personas de diversas edades que requieren de primeras o segundas dosis.
Pese a lo anterior -y no se trata de desacreditar a nadie- se ha mostrado cierta inconformidad en sectores que ya recibieron primera dosis y esperan, aún después del período que han establecido las autoridades sanitarias, para recibir la segunda. Uno de los errores del gobierno federal fue haber acreditado la responsabilidad del programa de vacunación a una dependencia y sus delegaciones estatales, que nada tienen que ver con cuestiones de salud. En efecto, la delegación de Bienestar en Oaxaca, ya lo hemos visto desde el inicio del referido programa, ha sido un fracaso para administrar y aplicar el biológico. La inmediatez, la celeridad, la falta de experiencia e insensibilidad, han estado presentes. Por ello, fue muy aplaudida la decisión de otorgar a las Fuerzas Armadas dicha responsabilidad.
Una muestra de dicha insensibilidad quedó de manifiesto la semana anterior, luego de saberse que algunos menores de edad habían recibido el amparo otorgado por un Juez de Distrito. Ante esta situación, la llamada súper delegada de Bienestar se inconformó con dicha resolución. La pregunta es: ¿atenta contra sus intereses personales una decisión judicial como la citada o se asume depositaria de este derecho constitucional, de tal suerte que pretende dejar en la indefensión a niños y niñas? Esto es, en su cuestionado cargo, hay quienes se asumen no defensores sino simples obstáculos de un derecho, como si el cargo que hoy ostentan fuera eterno. Posturas como ésta no sólo generan malestar sino aversión hacia el mismo gobierno federal y quien lo representa.
