“La respuesta de las instancias gubernamentales responsables de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha sido insuficiente y existen numerosas áreas de oportunidad que fortalecer”, coincidieron Organizaciones No Gubernamentales.
Por lo cual se llevó a cabo la presentación del “Diagnóstico Participativo: Hacia una Política pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas en Oaxaca”.
Las defensoras y periodistas enfrentan el riesgo de ser silenciadas mediante amenazas de violencia, incluso sexual; también corren el riesgo de ser víctimas de feminicidios, violaciones, ataques con ácido”, afirmó Cirenia Celestino Ortega de CIMAC.
A su vez, la defensora de derechos humanos, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca), Yesica Sánchez Maya destacó que el diagnóstico se presenta en un momento histórico para las mujeres.
Principalmente en un momento en el que llega la primera presidenta de México, un momento en el que también hay más mujeres en las curules, un momento en el que “sí, es tiempo de las mujeres.
Para nosotras las defensoras y periodistas también es el momento en el que estamos mayormente acechadas y vulneradas debido a que el aporte que realizamos tiene un impacto profundo y trastoca fuertes intereses, dijo.
Señaló que uno de los patrones de mayor preocupación es la criminalización que implica graves impactos para las defensoras que encabezan los procesos de exigibilidad de justicia como en el caso de Yolanda Pérez Cruz, defensora comunitaria que lleva 14 años exigiendo justicia para Pablo López Alavez, injustamente privado de la libertad. Este proceso de criminalización implica desplazamiento forzado, alto riesgo, así como impactos a nivel psicosocial y comunitario.
Cirenia Celestino Ortega, coordinadora de la estrategia de comunicación y del observatorio de medios de CIMAC, compartió acerca del proceso de elaboración del diagnóstico, el cual resultó de un proceso de talleres en el que participaron diversas defensoras y periodistas del estado, un proceso “que buscaba abrir un diálogo para construir este que es el primer diagnóstico del estado, especializado con perspectiva de género”.
Recordó que en Oaxaca 14 personas defensoras fueron asesinadas entre 2018 y 2022 y que de 2016 a 2019 se registraron 1,063 ataques contra personas defensoras. En 2018, 197 mujeres defensoras fueron agredidas, cifra que aumentó a 271 en 2019.
Alertó frente a los ataques diferenciados para defensoras y periodistas quienes se enfrentan al riesgo de ser silenciadas mediante “amenazas de violencia, incluso sexual; también corren el riesgo de ser víctimas de feminicidios, violaciones, ataques con ácido, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desaparición forzada”.
Señaló también que Oaxaca es el estado con mayor número de personas beneficiarias dentro del Mecanismo de Protección Federal.
A su vez, la periodista Soledad Jarquín Edgar anotó que el documento resulta particularmente importante para las periodistas; “nos pone en blanco y negro, con la ayuda de las estadísticas de organismos nacionales e internacionales, esa realidad que nos describe y lo más importante, una realidad de la que nos debemos dar cuenta”.
Agregó que “encuentra hallazgos muy importantes, uno de ellos y muy importante es que, no hay un cambio sustancial entre el ex gobernador Alejandro Murat y el actual Salomón Jara”.
Otro aporte del documento es que presenta de manera muy completa el contexto geo-político de Oaxaca y casos emblemáticos como lo son los del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de Zaragoza y las desapariciones de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, y de la defensora originaria de la mixteca oaxaqueña, Irma Galindo.
