A pesar de que los pueblos indígenas protegen en su territorio más del 71 por ciento de los recursos naturales del país, los ataques empresariales y legislativos en su contra durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido reiterados, señalaron activistas e investigadores.
Durante el foro Diversidad y Pueblos Indígenas, realizado en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, Emanuel Gómez Martínez, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, señaló que entre los ataques que se han generado contra los recursos de los pueblos indígenas, se encuentran leyes e iniciativas que ven la biodiversidad como una mercancía y no como riqueza a ser preservada.
Gabriela Torres Mazuera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Peninsular, resaltó que la consulta como instrumento legal para proteger los derechos de los pueblos indígenas ha generado diversos obstáculos por parte de autoridades tanto federales como estatales.
“Se supone que es un mecanismo no solo de decisión, sino de deliberación para establecer el consentimiento de los pueblos indígenas sobre un megaproyecto, pero generalmente en México se convierte en un proceso de negociación, en donde las relaciones desiguales entre los pueblos, las empresas y los gobiernos se ven muy claras”, expuso.
Integrante del grupo de antropólogos que apoya a 36 comunidades para impedir que se autorice la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, Torres señaló que la participación comunitaria ha llevado a la consulta al ámbito del diálogo intercomunitario, “nunca se vio como la gran solución, pero a partir de la discusión comenzó a surgir la noción de territorio maya, que hasta entonces no se había planteado, se había tratado el tema de riesgos a la salud, la contaminación, sobre el porqué se subsidia la soya transgénica en vez de las semillas transgénicas.
“Un gran aprendizaje a lo largo de este proceso fue el derecho de como indígena exigir, ponerse a hablar con los representantes del gobierno al nivel, con la directora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, en la misma mesa poner la discusión de los daños que significan los organismos genéticamente modificados”, aseguró.
Por su parte, Aldo González Rojas, integrante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (Unosjo), resaltó que en Oaxaca los daños a la biodiversidad se han generado en múltiples ocasiones burlando los derechos de los pueblos indígenas y aprovechándose de su desconocimiento, sin un reparto justo y equitativo de los beneficios que se generan a partir de la biodiversidad.
Puso como ejemplo que en la segunda mitad de la década de los 90 la farmacéutica Sandoz firmó un contrato para obtener en cuatro años 8 mil muestras microscópicas de hongos que servirían para el desarrollo de nuevos medicamentos. “Si las investigaciones hacían posible que se formulara un medicamento para la diarrea, a las comunidades les darían 1 millón de dólares, si fuera para el Sida, por ejemplo, les darían 2 millones de dólares, lo que nunca les dijeron es que esta empresas multinacionales tienen ganancias por 200 o 300 millones de dólares al año, darle una vez a una comunidad un millón de dólares no es significativo”.
González recriminó que las agresiones contra la biodiversidad y los recursos de los pueblos indígenas son constantemente amenazados, sin respuesta de los gobernantes. “Las políticas que se han establecido en el país siguen tratando de apuntalar prácticas vinculadas con el comercio, en lugar de realizar una legislación encaminada a la protección de los recursos genéticos”.
