La alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco quedó fuera de Morena luego de los señalamientos por presuntamente fingir su propio secuestro para encubrir un supuesto desfalco de 40 millones de pesos de recursos públicos. La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, después de que meses atrás suspendiera sus derechos partidarios.
La expulsión llega en medio de una crisis política y administrativa en Tenancingo. Donde las acusaciones contra la presidenta municipal se suman a observaciones de auditoría, cuestionamientos sobre contratos públicos y exigencias ciudadanas para que se investigue el manejo del presupuesto.
De acuerdo con información difundida por Nmás, Nápoles fue vinculada a proceso el pasado 9 de julio por los hechos relacionados con el presunto secuestro simulado. La vinculación a proceso implica que continúe la investigación judicial. Sin embargo, no representa por sí misma una sentencia condenatoria.
La determinación partidista tampoco resuelve las acusaciones penales ni sustituye las investigaciones que corresponden a las autoridades ministeriales y fiscalizadoras.
MORENA TAMBIÉN EXPULSA A OTRAS DOS FUNCIONARIAS
La CNHJ no limitó sus resoluciones al caso de Tenancingo. También determinó expulsar a Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y a Olivia Espinosa, regidora de Ocozocoautla.
Ambas fueron señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada.
Las decisiones reflejan las sanciones internas adoptadas por el partido frente a los señalamientos contra sus representantes. Aunque las responsabilidades penales deberán establecerse por las vías legales correspondientes.
PROTESTAS Y EXIGENCIAS DE RENUNCIA EN TENANCINGO
Mientras avanzaban las investigaciones, habitantes de Tenancingo agrupados en el Colectivo Tenancingo llevaron sus reclamos hasta el Congreso del Estado de México para exigir la destitución de Nápoles y una revisión a fondo de su administración.
Encabezados por Javier Calzada, representante de la agrupación, los manifestantes solicitaron la intervención de los diputados locales. Así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para esclarecer las presuntas irregularidades financieras y administrativas.
Calzada aseguró que el colectivo reúne a más de 100 persona. Aunque afirmó que el descontento alcanza a un sector mucho más amplio de la población.
También denunció que algunos habitantes evitan participar públicamente en las protestas por temor a posibles amenazas o represalias.
La exigencia central de los inconformes es que se conozca el destino de los recursos municipales y que las autoridades no dejen sin investigar las anomalías denunciadas.
AUDITORÍA DETECTA 163 OBSERVACIONES EN EL AYUNTAMIENTO
A las acusaciones contra la alcaldesa se sumó la revisión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025, que reportó 163 observaciones en la revisión de cumplimiento financiero del Ayuntamiento de Tenancingo.
Entre las inconsistencias identificadas figuran pagos a trabajadores que no aparecían en la plantilla autorizada, remuneraciones por encima de los tabuladores establecidos y posibles irregularidades en el ejercicio del presupuesto.
La revisión también alcanzó las contrataciones públicas. El análisis de 27 contratos municipales derivó en cuatro resultados finales, 10 recomendaciones y dos pliegos de observaciones.
El organismo fiscalizador estableció que los procedimientos deben continuar en la etapa de seguimiento, durante la cual el Ayuntamiento tendrá que presentar documentación para aclarar las inconsistencias detectadas.
Esto significa que las observaciones todavía requieren atención y solventación; no todas constituyen por sí mismas un daño patrimonial comprobado ni determinan automáticamente responsabilidades administrativas o penales.
EXIGEN SABER QUIÉN RECIBIÓ EL DINERO Y QUÉ OBRAS SE REALIZARON
Para el Colectivo Tenancingo, los cuestionamientos no se limitan a los pagos de nómina. También existen dudas sobre obras públicas, adjudicaciones y empresas contratadas durante la administración municipal.
Los inconformes demandan transparentar quiénes recibieron los recursos públicos, bajo qué procedimientos fueron asignados los contratos. Además, si los trabajos pagados realmente se realizaron en las condiciones establecidas.
El reclamo cobra relevancia ante las observaciones del OSFEM. La cuales obligan al Ayuntamiento a explicar y documentar el ejercicio de los recursos.
La expulsión de Nancy Nápoles de Morena representa una consecuencia política dentro de su partido, pero deja pendientes asuntos de mayor alcance: esclarecer el presunto desfalco de 40 millones de pesos. Así como determinar el destino del presupuesto municipal y establecer si existieron responsabilidades en las irregularidades detectadas.
En Tenancingo, la exigencia ciudadana va más allá de una sanción partidista: los habitantes quieren respuestas sobre el dinero público y consecuencias para quienes resulten responsables.










































