Cuatro presuntos integrantes de una célula criminal vinculada al grupo conocido como “Los Cromos” fueron capturados en Juchitán de Zaragoza. Donde las autoridades los relacionan con homicidios, extorsiones y cobro de piso contra comerciantes.
Entre los detenidos se encuentra un hombre de 32 años, identificado como M. U. L., alias “El Migue”, y un adolescente de 17 años. Ambos son señalados como probables responsables del asesinato de un policía municipal y de un trabajador del establecimiento nocturno “Bama Club”. Dos hechos violentos registrados este mes de noviembre en este municipio del Istmo de Tehuantepec.
Los otros dos detenidos, de 21 y 19 años, presuntamente participaban en actividades de extorsión y cobro de piso. Esto, de acuerdo con las primeras investigaciones ministeriales.
La captura fue resultado de un operativo en el que participaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con elementos de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
DOS HOMICIDIOS BAJO INVESTIGACIÓN
Las indagatorias relacionan a “El Migue” y al adolescente con dos asesinatos cometidos en establecimientos de Juchitán.
El primero ocurrió la noche del 12 de noviembre en una estética de la colonia Tierra y Libertad. Según la reconstrucción ministerial, dos sujetos llegaron en una motocicleta y dispararon contra un policía municipal de 42 años, quien murió en el lugar.
Dos días después, la violencia alcanzó al establecimiento “Bama Club”, ubicado sobre la carretera federal Transístmica, a la altura de la colonia Primera Sección. La mañana del 14 de noviembre, un trabajador de 41 años fue asesinado de varios disparos dentro del negocio.
Las autoridades atribuyen ambos crímenes a los dos detenidos. Aunque su responsabilidad deberá establecerse ante los tribunales mediante las pruebas correspondientes.
EXTORSIÓN Y ATAQUES CONTRA NEGOCIOS
Más allá de los homicidios, las investigaciones de las autoridades apuntan a una estructura dedicada a presionar económicamente a comerciantes mediante amenazas y cobros ilegales.
Los cuatro detenidos presuntamente formarían parte de una red de extorsión y cobro de piso que opera en Juchitán. En particular, “El Migue” y el menor de edad también son investigados por su posible participación en ataques armados contra establecimientos comerciales dedicados a la venta e instalación de climas y lonas.
De acuerdo con las líneas ministeriales, los disparos contra estos negocios habrían sido utilizados como mecanismo de intimidación para obligar a los propietarios a cumplir con las exigencias económicas de la organización.
Este señalamiento coloca nuevamente en el centro de la preocupación la situación de comerciantes y pequeños empresarios de Juchitán. Un sector que enfrenta el riesgo de amenazas y agresiones en un contexto de violencia que rebasa los enfrentamientos entre grupos delictivos y alcanza directamente a la actividad económica local.
ASEGURAN ARMAS, DROGAS Y MUNICIONES
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron dos armas cortas, drogas, cargadores y cartuchos útiles.
Los cuatro hombres y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de las carpetas de investigación y determinará su situación jurídica.
En el caso del adolescente de 17 años, su identidad permanece bajo reserva, conforme a las disposiciones legales que protegen los datos personales de niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales.
LA VIOLENCIA EN JUCHITÁN, MÁS ALLÁ DE LAS DETENCIONES
La captura de los cuatro presuntos integrantes de esta célula representa un avance en las investigaciones por los asesinatos y las amenazas contra comercios. Sin embargo, también deja sobre la mesa un problema de mayor alcance: la persistencia de la violencia y las prácticas de extorsión en Juchitán.
Los señalamientos contra los detenidos describen una posible estructura que no solo estaría vinculada con homicidios, sino también con mecanismos de intimidación dirigidos a quienes mantienen negocios en la zona.
El desafío para las autoridades será demostrar la responsabilidad individual de los detenidos, avanzar en el esclarecimiento de los crímenes y evitar que las redes de extorsión continúen operando contra comerciantes y familias.
Por ahora, las cuatro personas permanecen a disposición de la autoridad ministerial. La detención no equivale a una sentencia y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en los hechos investigados.








































