La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, presentó su Segundo Informe de Actividades, correspondiente al periodo del 30 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2025, durante la mañana de este martes 8 de abril en el Congreso del Estado.
Durante su mensaje, la titular de la DDHPO destacó que “el ejercicio del poder público exige responsabilidad, compromiso y sobre todo transparencia. En el Estado mexicano, los organismos constitucionalmente autónomos no sólo están llamados a ser garantes de los derechos humanos, sino también a rendir cuentas a la sociedad a la que sirven”.
Entre los resultados más relevantes, se informó la emisión de 15 Recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales por actos violatorios a derechos humanos cometidos por personas servidoras públicas que son las responsables directas de dichas violaciones, al igual que 22 Medidas Cautelares, además del seguimiento a 53 más que fueron dictadas en años anteriores.
“La transparencia no solo es un principio rector, sino también es la piedra angular sobre la que se edifica la confianza entre la ciudadanía y las instituciones”, indicó la titular de la DDHPO.
Entre los resultados más relevantes, se informó la emisión de 15 Recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales por actos violatorios a derechos humanos específicos cometidos por personas servidoras públicas que son las responsables directas de dichas violaciones, al igual que 22 Medidas Cautelares, además del seguimiento a 53 más que fueron dictadas en años anteriores.
En el marco de esta presentación se destacó la dignificación de los espacios de trabajo, tales como la habilitación de un espacio de comedor, mantenimiento de instalaciones, mejoramiento del edificio, entre otros, además se informó sobre el ejercicio del presupuesto aprobado para 2024, que ascendió a 49 millones 844 mil 391 pesos, utilizado en su totalidad con apego a los principios de transparencia y eficiencia.
Lara Rodríguez enfatizó, “es importante señalar ante los representantes de los poderes del Estado y ante el pueblo de Oaxaca, que aún persisten acciones y omisiones de servidores públicos estatales y municipales que obstaculizan la labor de los derechos humanos ante la injustificada atención de los asuntos que reclaman las víctimas ante la Defensoría. La reiterada negativa de algunas autoridades para aceptar los mecanismos de defensa de los derechos humanos, tales como la no aceptación de las Medidas Cautelares y Recomendaciones, no sólo erosiona la confianza en las instituciones, sino que genera se haga anulatorio el respeto a los derechos humanos”.
“Ser la Defensora del Pueblo de Oaxaca implica en lo personal un enorme reto y desafío, la encomienda demanda el mejor esfuerzo y dedicación para otorgar una atención con calidad y calidez, por esta razón, ratifico ante este Congreso mi convicción plena en mi conciencia de sostener como principio que no vine a simular o a administrar los derechos humanos, sino todo lo contrario, vine a defenderlos y a levantar la voz por quienes no la tienen”, finalizó.
Asimismo, se reportó que en este periodo se concluyeron un total 3 mil 145 expedientes de queja, 2 mil 528 corresponden a Oficinas Centrales y 617 al conjunto de Oficinas Regionales; de éstas, la Oficina de Regional Zona Istmo fue la que finalizó el mayor número de expedientes, con 189; seguida de la Oficina Regional Zona Papaloapan, con 154; y la Oficina Regional Zona Mixteca, con 93.
La Ombudsperson estuvo acompañada en el presídium por el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; Berenice Ramírez Jiménez, Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; Benjamín Viveros Montalvo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura; Antonia Natividad Díaz Jiménez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura e Isaac López López, Presidente de la Comisión Permanente de Derechos
Durante la intervención de la diputada Antonia Natividad Díaz, expresó “la defensora nos recuerda que cada denuncia es un acto de valentía y que cada respuesta institucional debe de ser un acto de justicia”.
