Derivado de las irregularidades que se han detectado en las auditorías realizadas en diversos rubros de la administración pública estatal, a la fecha se han inhabilitado a 19 exfuncionarios públicos y a un contratista.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, durante el ejercicio fiscal 2023 se llevaron a cabo 20 auditorías, principalmente de los recursos que tienen que ver con la deuda del decreto 809 que ascendió en poco más de 3 mil 500 millones de pesos (mdp) que se ejecutaron durante la administración anterior.
El monto auditado en este rubro fue de poco más de 2 mil mdp, de los cuales se observó un monto de mil 210.2 mdp en el periodo de 2020 a 2022, en ocho dependencias destacando la Secretaría de Movilidad (Semovi), Soapa, Cabien, Secretaría de Finanzas, Secretaría de las Infraestructuras, entre otras.
Algunas de las irregularidades detectadas es que los gastos realizados no cumplieron con la normatividad del modo que debe ejecutarse el recurso y en otras existen gastos excesivos.
También se revisaron los montos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en el periodo de 2017 al 2022, obteniendo un monto observado no enterado de 2 mil 662.8 mdp.
En auditorías financieras realizadas a la Secretaría de Salud y al Sistema DIF Estatal, se observó un monto global de 86.9 mdp, por lo cual se dio parte a las instancias correspondientes.
En la Fiscalía Anticorrupción se presentaron 32 denuncias por la entrega recepción, de las cuales en cinco dependencias ya fueron judicializadas como el Cobao, Secretaría de Infraestructura, IEEBO, Semovi y CECYTE.
Además, se dio vista al Tribunal de Justicia Administrativa de 33 casos en el periodo de 2023 al 2025, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias y la aplicación de sanciones a quien o quienes resulten responsables.
Por estos casos, la dependencia detalló que ya fueron sancionados 19 exfuncionarios públicos y un contratista con sanciones que van desde los 20 años de inhabilitación, por lo que de manera global suman más de 200 años de inhabilitación, sin embargo, las partes involucras tendrán el derecho de defenderse y aportar las pruebas necesarias.
