El acceso al agua limpia y segura se ha transformado en uno de los desafíos más críticos, costosos y opacos para las familias que habitan en las zonas urbanas del estado de Oaxaca.
De acuerdo con los resultados definitivos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025), el 80.1% de los ciudadanos en localidades oaxaqueñas de 100,000 habitantes o más cuenta con una conexión activa a la red pública de agua.
Sin embargo, tener una tubería conectada al hogar no es sinónimo de recibir un recurso digno.
Mientras los discursos institucionales suelen celebrar la ampliación de las redes de distribución con la perforación de más pozos profundos, la entrega de agua gratis en pipas y el obsequio de tinacos, los datos duros recopilados en campo por el INEGI revelan una realidad alarmante: el sistema de infraestructura hídrica estatal se encuentra profundamente colapsado en su función más elemental, que es garantizar la salud pública a través del saneamiento.
El indicador más devastador del reporte señala que un raquítico 12.9% de los habitantes urbanos afirma que el agua de su grifo es potable, es decir, apta para ser consumida o utilizada para la preparación de alimentos sin temor a contraer enfermedades gastrointestinales o de la piel.
Como consecuencia lógica de este rezago, la satisfacción general con el servicio de agua apenas alcanza el 33.4% en todo el territorio estatal.
Esta enorme brecha entre la cobertura y la calidad real ha fragmentado el servicio público, obligando a la población a buscar alternativas en el sector privado para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene, un mercado que, tras bambalinas, esconde dinámicas de control absoluto.
DE LA RED PÚBLICA AL GRIFO: EL MITO DE LA POTABILIDAD
La ENCIG 2025 expone con crudeza que el proceso de potabilización y distribución en la entidad sufre deficiencias severas, lo que se traduce en niveles de desconfianza generalizada por parte de los usuarios urbanos.
LÍQUIDO TURBIO: El documento estipula que solo el 35.7% de los oaxaqueños percibe que el agua provista por la red es clara o pura. El resto de la población recibe un recurso constante con sedimentos o anomalías visuales que limitan drásticamente su uso doméstico ordinario.
EL CONTROL SINDICAL DETRÁS DEL VOLANTE
La incapacidad de los organismos operadores para entregar agua apta para el consumo humano ha abierto la puerta a un indispensable mercado de camiones cisterna (pipas). No obstante, este negocio no opera bajo las reglas de la libre competencia, sino bajo un esquema de control gremial que roza las prácticas delictivas.
Testimonios recabados de primera mano en la zona centro de la capital oaxaqueña desnudan cómo el acceso a los pozos profundos está estrictamente condicionado por la afiliación obligatoria a organizaciones corporativistas.
Norberto (nombre protegido por seguridad), un pipero que opera en la región, detalla que para poder distribuir el recurso es obligatorio pertenecer a un sindicato. Anteriormente, la hegemonía la mantenía la Confederación Joven —comandada en su momento por los hermanos Luis Villaseca—; sin embargo, tras los decesos de sus últimos líderes, Iván y Yahvé, los operadores fueron forzados a alinearse con la organización Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).
EL “MOCHE” CON LOS POZOS
“Pues mire, nosotros fuimos obligados a estar ahora con ASAEO, pero en un principio estábamos con Confederación Joven, porque ellos controlaban algunos pozos y el reparto, y teníamos que mocharnos para poder trabajar, una cuota pues, para no tener problemas, pero aunque ya no están ellos sigue siendo lo mismo si queremos trabajar”, confiesa Norberto de forma directa.
Este testimonio pone rostro a la impunidad y exhibe el engranaje de extorsión interna que encarece el servicio: si los piperos no pagan la cuota estipulada a los líderes sindicales, se les bloquea el acceso a las fuentes de abastecimiento, deteniendo por completo su fuente de ingresos.
En medio de la crisis por el desabasto de agua en la zona metropolitana de Oaxaca, el servicio de pipas particulares se ha convertido en un gasto cada vez más pesado para las familias.
Actualmente, una pipa de 10 mil litros cuesta entre 1,700 y 2,000 pesos, mientras que el llenado de un tinaco doméstico de hasta mil 100 litros oscila entre 500 y 800 pesos, dependiendo de la ubicación del domicilio y si el suministro requiere maniobras adicionales, como subir el agua a un segundo nivel.
ENTRENADO SISTEMA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Las declaraciones de los operadores de agua conectan de manera perfecta con el clima de opacidad que el INEGI midió a nivel estatal a través de la ENCIG. La percepción de ilegalidad no es una idea abstracta, sino una realidad palpable en los sectores público y privado de Oaxaca.
El reporte del organismo autónomo destaca que el 88.5% de la población de 18 años y más percibió que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes, superando con creces la media registrada a nivel nacional de 84.1%.
Asimismo, las corporaciones policiacas —que teóricamente deberían regular el tránsito y la seguridad de estos transportes de carga en las colonias— son calificadas con un 85% de percepción de corrupción, lo que deja a los trabajadores y a los usuarios finales desprotegidos ante las redes de control sindical que dictan quién tiene derecho a comprar, vender y consumir agua en Oaxaca.
