Luego de las diversas denuncias públicas y videos en los que se mostró a policías antimotines lanzar gases lacrimógenos desde el Palacio de Gobierno hacia las manifestantes, organizaciones de la sociedad civil reiteraron su rechazo a la respuesta del gobierno estatal por las marchas del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Oaxaca.
Desde la noche del sábado, activistas y organismos de la sociedad han condenado el uso de gas lacrimógeno hacia las niñas y mujeres de la marcha que por la tarde arribó al zócalo, la Alameda de León y el atrio de la catedral metropolitana. También han exigido una investigación y alto a la represión.
Este lunes, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer) dijo que fue “indignante respuesta ante los reclamos de justicia de las oaxaqueñas”. La brutal represión, como describió este actuar, fue una manera de silenciar los legítimos reclamos de las mujeres que exigen el cese a la violencia que enfrentan en distintos ámbitos.
GES Mujer también calificó indignante que el estado haya priorizado la protección de edificios y monumentos con vallas metálicas “en lugar de salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de las mujeres y las niñas”.
En la conferencia de este lunes, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, dijo que por las protestas del 8M hubo afectaciones a varios inmuebles, pero la mayoría de tipo superficial y menor a las de años anteriores.
Entre los casi 30 inmuebles que enlistó, solamente algunos cuentan con la categoría de monumentos: por ejemplo, el Palacio de Gobierno, catedral metropolitana y el templo de la Preciosa Sangre de Cristo, en donde las manifestantes denunciaron las violencias que viven.
Del operativo, Romero señaló que “se optó por dispersar para garantizar la integridad de muchas personas que estaban en el zócalo” y que a diferencia de otros estados donde hubo lesionados, mujeres violentadas y agredidas por instituciones de seguridad, “en Oaxaca no hay un solo caso de violencia hacia la mujer por parte de un cuerpo de seguridad”.
El funcionario aseguró que el actuar “de la Secretaría de Seguridad Pública estuvo apegada a lo que la ley marca y los protocolos nacionales e internacionales para dispersar a ciudadanos, a ciudadanas, que comenzaron a generar actos vandálicos contra instalaciones del gobierno del estado”.
El funcionario también comentó que desde el estado se han aplicado políticas públicas para erradicar la violencia en contra de las mujeres y que se han reducido los casos de feminicidios y otras violencias en los últimos 4 años.
En su informe sobre muertes violentas, GES Mujer muestra que en 2023 y 2024 fueron asesinadas de manera violenta 95 mujeres en cada año y que hasta el 7 de marzo eran 14 las víctimas en el año 2025. Además de que a pesar de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el 30 de agosto de 2018, desde entonces han sido asesinadas 719 mujeres en el estado.
Para GES Mujer, “minimizar las cifras de los lamentables casos de desaparecidas y víctimas de feminicidio en el estado, es en sí mismo un acto de violencia institucional, ahora agravada con acciones de represión como única respuesta ante la incapacidad y falta de voluntad política para atender las causas de una problemática que se desborda en el estado”.
