De acuerdo con datos e informes de organismos no gubernamentales, cada año miles de ciudadanas y ciudadanos se ven obligados a dejar sus lugares de origen por diversos factores como la violencia, fenómenos naturales y por los usos y costumbres que se aplican en las comunidades indígenas.
Cifras estimadas por Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) refieren que en México, a partir de información proporcionada por instituciones académicas y de la sociedad civil, hasta el año 2022, el número de personas desplazadas internas eran de 386 mil esto como consecuencia de conflictos comunitarios y la violencia, así como 3 mil 600 personas desplazadas por desastres naturales.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), advierte que el año 2020 a diferencia del año 2019, el número de personas desplazadas aumentó un 12.43 por ciento.
De los estados donde se han presentado mayores casos de desplazamiento forzados internos durante el periodo 2016-2020, en primer lugar, se encuentra Guerrero, con un total de 21 mil 805 personas; en segundo lugar, Chiapas con un total de 14 mil 953 personas; en tercer lugar, Michoacán con un total de 12 mil 993 personas; en cuarto lugar, Sinaloa con un total de 8 mil 733 personas; en quinto lugar, Chihuahua con un total de 6 mil 710 personas y en sexto lugar, Oaxaca con un total de 5 mil 449 personas desplazadas.
En el caso de Oaxaca, según los casos atendidos por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el contexto comunitario y usos y costumbres marca una gran diferencia con lo que ocurre en el centro o norte del país donde los desplazamientos están relacionados con la violencia y el crimen organizado.
El organismo defensor refiere que en las comunidades donde han ocurrido los desplazamientos, una característica es que aún mantienen vigentes sus sistemas normativos internos, sus normas, procedimientos, autoridades, principios, sanciones y cosmovisión para regular su vida interna y resolver sus conflictos.
Por ello, señala que en ejercicio de estos sistemas normativos internos se dieron varios de los desplazamientos que fueron documentados por esta Defensoría, sobre todo al ocurrir expulsiones o destierros de personas o familias. En el periodo del 2010 al 2023, la Defensoría, inició 156 expedientes por situaciones de desplazamiento forzado o por probables desplazamientos.
En fechas recientes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas dio a conocer que en 2023, al menos 11 mil personas más fueron desplazadas como consecuencia de conflictos y violencia en México, en el que la mayoría de los casos se concentraron en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Quintana Roo y Chiapas.
