Aún hay desconcierto en cuanto a la organización de las elecciones de jueces, ministros y magistrados en 2025, toda vez que faltan algunos lineamientos por definir, indicaron fuentes electorales.
La reforma judicial que se ha planteado en nuestro país representa uno de los desafíos más importantes para nuestra estructura democrática, consideró la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González.
Reconoció que es de interés de todos los sectores de la sociedad conocer las implicaciones de la profunda modificación en el marco normativo que rige la selección de las personas que imparten justicia en el país.
Admitió que los órganos electorales se enfrentan a importantes retos en la organización de la elección de los jueces.
“Hoy, más que nunca, resulta esencial analizar y debatir los desafíos que conlleva dicha reforma, dado que la reforma, además de transformar el funcionamiento de nuestro sistema judicial, impone una serie de retos a las instituciones electorales”, dijo.
La organización de procesos y el fortalecimiento de la colaboración entre instancias judiciales y electorales serán aspectos fundamentales para el éxito de la reforma, sostuvo.
Indicó que los retos son superables en la implementación de la reforma judicial, teniendo como eje los objetivos que unen institucionalmente, a fin de lograr el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de las instituciones de justicia en México.
No obstante, consideró necesario sensibilizar a las instituciones que a nivel federal y local se deberán encargar de garantizar que, presupuestalmente, sea posible materializar lo plasmado en las normas.
La organización de ejercicios democráticos que permitan a las y los ciudadanos ejercer sus derechos políticos, incluido ahora, el de votar por las personas juzgadoras, es una función especializada encomendada al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales que, en todo caso, es una función del Estado Mexicano que sólo será posible realizar si se cuenta con el involucramiento de otras instituciones públicas y el aseguramiento del financiamiento público que garantice su desarrollo, concluyó.
