Para el consejero electoral local, Alejandro Carrasco Sampedro, alguna reforma electoral que se llegue a aprobar deberá analizarse a fondo y beneficiar al actual sistema democrático del país y no afectarlo.
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral ha generado algunas reacciones a favor también el estado, principalmente en actores vinculados al partido marrón.
El integrante del consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), algunos de los riesgos sería el debilitamiento del sistema democrático.
“Como consejeros electorales insistimos en que debe haber una gran discusión, un debate, foros, parlamento abierto, expertos, todos involucrados para sacar una reforma bajo un amplio consenso”, dijo.
De igual manera añadió que serán respetuosos de las discusiones que se desarrollen en relación al tema, pero no pueden dejar fuera las cosas que se han hecho bien desde los órganos electorales.
“La democracia es un diálogo entre todos los actores de la sociedad y no imponer nada”, explicó.
A su vez, durante su presentación de la iniciativa, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador urgió a “que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes”.
“Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”, argumentó.
Y es que la propuesta impulsada desde la federación contempla: la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, la reducción del financiamiento a los partidos políticos.
Así como la reducción del costo de las elecciones, la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.
De igual forma, la propuesta impulsa la federalización de las elecciones para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales locales.
Aunado a que la Cámara de Senadores se reducirá a 96 representantes y, en el caso de la Cámara de Diputados, se prevé que pase de 500 a 300 integrantes, en los Congresos locales también habrá una disminución; se establecerá un rango mínimo de 15 y un máximo de 45 diputados locales con base en el número de población de las entidades federativas.
Pero también la propuesta contempla la reducción de integrantes de los ayuntamientos al establecer un límite de hasta nueve regidores de forma proporcional a la población de cada municipio.
También eliminará el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y se propondrá que la participación ciudadana sea del 33 % en la consulta de Revocación de Mandato para que sea vinculante.
