Ante el temor de ser nuevamente agredidos por las autoridades de la agencia municipal de San Isidro Arenal, perteneciente al municipio de San Juan Lalana, cuatro familias que procesan la religión evangélica se vieron obligadas a huir de sus viviendas en la localidad de Cerro Cajón.
Representantes de la iglesia Cristiana Inter-Denominacional de Oaxaca, denunciaron que desde el mes de noviembre del 2023, las cuatro familias conformadas por 13 hombres, mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad, se les arrebató el derecho a contar con agua potable, energía eléctrica y demás servicios básicos, solamente por profesar una religión diferente a la católica.
La libertad de creencia es una herencia que nos dejó don Benito Juárez García, pero su legado no está siendo cumplido en estos momentos en Oaxaca”, denunció Azael Ramírez, representante de la iglesia Cristiana Inter-Denominacional de Oaxaca.
Explicó que desde el pasado 6 de agosto se recrudeció la violencia que viven sus hermanos cristianos cuando las autoridades de San Isidro Arenal quemaron el centro de oración de estas familias, además, les fueron arrebatados sus ganados y todas sus herramientas de trabajo.
Ahora están como desplazadas, decidieron salir de sus viviendas para salvar sus vidas, previamente tres mujeres fueron detenidas y después abandonadas en las afueras de la comunidad”, denunció.
Solicita DDHPO medida cautelar
Ante probables violaciones a la dignidad, la libertad física y de culto, a la integridad y seguridad personal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), solicitó Medida Cautelar 19/2024 a favor de las familias afectadas, dirigida al Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca; Fiscal General del Estado, y al Presidente Municipal de San Juan Lalana.
El organismo protector de derechos humanos informó que ha documentado que con motivo de profesar una religión distinta a la católica, pobladores de San Isidro el Arenal, han privado de la libertad a un grupo de personas, entre ellos a mujeres, niños, y una persona mayor con discapacidad, además, de que ingresaron a sus viviendas con el objeto de destruirlas para finalmente expulsarlos de la comunidad, bajo el argumento de que “por usos y costumbres no está permitido profesar otra fe que no sea la católica”.
Bajo ese contexto, el organismo consideró que se violentaron los derechos humanos a la dignidad, a la libertad (tanto física como de culto), a la integridad y seguridad personal, así como a la propiedad de los agraviados, por lo que con independencia de que la comunidad de San Isidro Arenal se rige bajo el Sistema Normativo Indígena, los cuales están reconocidos en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos deben de sujetarse a los principios generales de la propia Constitución, así como respetar los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las personas.
En tal virtud, detalló que la solicitud de medidas cautelares es parte de la función primordial de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, toda vez que permiten proteger a una persona o grupo de personas en el goce de sus derechos humanos, siendo conscientes de que éstas deben cumplir con los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño para proceder a su otorgamiento.
