A pesar de los avances, en Oaxaca las mujeres siguen estando sub representadas en el espacio político, particularmente en el ámbito municipal, resalta la investigación que explora las posibles relaciones entre paridad de género y violencia contra las mujeres.
El equipo de investigación liderado por Cecilia Tapia Mayans (coordinadora), Lorena Robles Brena, Marisol Vázquez Piñón y Federico Valle Ochoa, expone que las barreras son aún mayores para mujeres que históricamente han enfrentado diversas formas de discriminación, como las mujeres indígenas.
Adicionalmente, anota que persiste la violencia basada en el género contra las mujeres en política, lo que representa una de las principales barreras para que las mujeres accedan a, y permanezcan en, cargos de decisión.
Oaxaca es el estado con mayor población indígena del país, a la vez que es el estado con el mayor número de municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, con más de 400 municipios que eligen a sus autoridades y definen sus normas de convivencia a través de dicha forma de organización política, reconoce.
El documento reconoce que aún existe un abismo de confianza, vinculación y comunicación entre la cosmovisión indígena y el andamiaje institucional, aunado a que si bien los avances en el marco jurídico-institucional de Oaxaca que tutelan el principio de paridad de género y regulan los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género, son realmente notables e incluso constituyen un modelo replicable en otras entidades federativas.
Los hallazgos confirman la tesis de que existe una relación causal entre la aplicación del principio de paridad y la intensificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, sostiene.
Pero a la vez destaca los efectos positivos de su implementación, al permitir que las mujeres se conviertan en actoras estratégicas del desarrollo de sus propias comunidades, advierte.
Sin embargo, expone que el reto para concretar la meta fijada por el Poder Legislativo pasa por el diseño a nivel institucional de una estrategia de sensibilización y diálogo entre autoridades del estado y comunitarias, con el propósito de tender puentes de entendimiento que redunden en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres de los municipios de Sistema Normativo Indígena (SIN).
Añade que el simple ejercicio del voto conforme a las reglas del Sistema Normativo Indígena, no garantiza que el principio de paridad se cumpla durante todo el periodo del cargo, tampoco blinda a las regidoras, síndicas y presidentas municipales de actos o conductas constitutivos de violencia política en el desempeño del mismo.
Enfatiza que el siguiente paso involucra forzosamente a las autoridades electorales y al gobierno estatal, para verificar que el cabildo se integre de forma paritaria, que no se presenten simulaciones en el desarrollo del proceso electivo ni en el ejercicio del cargo.
Además de cuidar que no haya sustituciones que violenten este principio, que se canalicen debidamente los recursos asignados a las áreas y programas coordinados por mujeres; o bien, que las actividades realizadas por las mujeres corresponden a sus funciones, sostiene.
Concluye que la plena participación política de las mujeres es indispensable para la existencia y el fortalecimiento de las democracias, dado que reducir las brechas de género y las barreras que enfrentan las mujeres indígenas para participar en la vida pública no es solo un asunto de justicia, es un cambio radical para la humanidad.
