El cobro de 15 mil pesos semanales a cambio de permitir que trabajadores de una empresa constructora continuaran con una obra en Santa Catarina Loxicha derivó en un proceso penal contra un hombre señalado por su probable participación en los delitos de extorsión y asociación delictuosa.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron en octubre de este año, cuando trabajadores de la construcción presuntamente comenzaron a recibir amenazas de un grupo de personas que se identificaban como integrantes de la Asociación de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).
La exigencia económica, presentada bajo el argumento de brindar protección y permitir la continuidad de los trabajos, habría escalado a agresiones físicas y amenazas con armas de fuego cuando uno de los trabajadores se negó a entregar el dinero.
AMENAZAS CONTRA TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS
La carpeta de investigación señala que el primer incidente ocurrió el 13 de octubre, cuando los presuntos responsables exigieron a uno de los empleados el pago de 15 mil pesos cada semana.
Ante la negativa de la víctima, los individuos presuntamente lo golpearon y amenazaron con armas de fuego. Además, le dieron un plazo de 24 horas para conseguir el dinero, de acuerdo con la información ministerial.
La presión no terminó ahí. El 14 de octubre, dos de los probables implicados regresaron al sitio de la obra para insistir en el cobro y reiterar las amenazas contra el trabajador y su familia.
Más tarde, un hombre identificado por sus iniciales como J.A.A.M. habría acudido al lugar para reclamar el pago y amenazar nuevamente a la víctima. En ese momento fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina Loxicha.
Durante las diligencias relacionadas con el caso también se aseguró un arma de fuego y cartuchos útiles, aunque la información difundida no precisa mayores detalles sobre el tipo de armamento ni las circunstancias específicas de su localización.
PRISIÓN PREVENTIVA Y TRES MESES PARA INVESTIGAR
Tras la presentación del caso ante un Juez de Control, J.A.A.M. fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y asociación delictuosa.
La autoridad judicial también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que deberán reunirse mayores elementos para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La vinculación a proceso representa un avance en el procedimiento penal, pero no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad del imputado deberá establecerse conforme a las pruebas y a las etapas previstas por la ley.
EXTORSIÓN BAJO EL ARGUMENTO DE PROTECCIÓN
El caso vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que las amenazas y las exigencias económicas pueden tener sobre quienes trabajan en obras de construcción, particularmente cuando se condiciona la continuidad de sus labores al pago de cuotas impuestas por particulares.
En Santa Catarina Loxicha, la investigación deberá esclarecer no solo la participación que presuntamente tuvo el detenido, sino también la posible intervención de otras personas en las amenazas y el cobro exigido a los trabajadores.
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer cuántas personas habrían participado en estos hechos ni si existen otras detenciones relacionadas con el caso. Tampoco se ha informado si la empresa constructora suspendió sus actividades a raíz de las amenazas.
El desarrollo de la investigación será determinante para precisar el alcance de las presuntas conductas delictivas, identificar a todos los posibles involucrados y garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia.
