Con 44 agresiones y ataques en contra de periodistas y medios de comunicación en el año 2020, Oaxaca figura como el quinto lugar de las entidades del país con mayor registro de actos de este tipo, señaló este viernes la organización Artículo 19.
“En Oaxaca, en un inicio la pandemia no tuvo un efecto tan adverso a la integridad contra la prensa, pues solo hubo dos agresiones relacionadas con la cobertura de covid. Pero incrementó con el tiempo. En Oaxaca continuaron las agresiones por la cobertura y fuera de la cobertura, donde ya es un contexto adverso. Es uno de los estados con más agresiones contra la prensa”, refirió Pedro Cárdenas, integrante de Artículo 19.
Este panorama se enmarca, además, en un año que el organismo considera hasta ahora el de mayor violencia en contra del gremio de profesionistas y de medios de comunicación e información, y en el que la epidemia de Covid-19 acentúo la precariedad laboral y de salud de periodistas.
Durante la presentación del informe “COVID. Libertad de expresión e información durante la pandemia de Covid-19 en México y Centroamérica”, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, explicó que entre las agresiones y ataques registrados en el país, poco más del 15 por ciento ocurrió durante o con motivo de la cobertura de acciones para combatir la epidemia.
Pedro Cárdenas ahondó que 52 agresiones estaban vinculadas a la pandemia, en momentos en los que las y los periodistas buscaban documentar el suceso, pero fueron recibidos con agresiones con distintas índoles. Por un lado, con un bloqueo informativo de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes rechazaban las preguntas o negaban el acceso de los periodistas a los espacios públicos.
“Los bloqueos están acompañados muchas veces de estigmatización”, dijo sobre un actuar en el que las autoridades calificaron a la prensa como adversaria o con intenciones de atacar al gobierno, cuando el trabajo periodístico es necesario para la vida democrática.
La pandemia, dijo, ha generado un contexto adverso, en donde las y los periodistas están contra la pared, por las agresiones que vienen tanto de las autoridades como de otros actores.
El panorama dado por la epidemia también ha mermado su seguridad y derecho a la salud, indicó, pues varios periodistas han sufrido una mayor precariedad laboral o tenido que desarrollar su labor en espacios donde el riesgo de contagio es alto.
“En varios estados, los gobiernos continuaron con ruedas de prensa donde no era posible mantener la sana distancia, lo que afectó a la prensa y al derecho a ser informados”.
Mayra López, parte del equipo de Artículo 19, señaló que a la par de las agresiones, el derecho a la información tuvo varias afectaciones, no solo por las limitantes vividas por las y los periodistas. También porque desde el Estado ha faltado una comunicación efectiva con las comunidades y pueblos indígenas.
En varios estados, ya en fase 3 de la epidemia, los gobiernos no habían informado sobre las medidas de acuerdo a las necesidades de estas comunidades y sus hablantes, explicó la especialista, quien consideró que tal contexto propició temor e incertidumbre en la población. Además, dijo, de propiciar la circulación de información falsa que puede poner en riesgo la vida comunitaria y generar estigmatización en las comunidades.
