Pese a que Oaxaca es pionero en la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio-Adversarial y uno de los 13 estados que ha recibido mayor recurso para su funcionamiento, hasta la fecha la entidad se ubica en la décima posición de las entidades con menor avance en el proceso de implementación de la reforma constitucional de 2008.
Luego de que llegara a su término el plazo constitucional para la implementación del Sistema, en 2016, la entidad oaxaqueña mantiene pendientes para su consolidación.
Algunos abogados y especialistas atribuyen las deficiencias a la falta de capacitación y recursos, mientras que otros a la falta de interés de las autoridades para llevar a cabo el nuevo sistema de manera eficiente.
Después de la publicación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en México, no ha faltado la guerra de opiniones entre los detractores y defensores, que coinciden en la gran ausencia de la participación ciudadana e información insuficiente que se tiene del tema.
Origen del nuevo Sistema de Justicia Penal
En 2008 hubo una reforma a la Constitución donde se modificaron 10 artículos que trastocan el sistema de justicia penal mexicano; de éstos, la más importante se dio al artículo 20 constitucional, que ordena la implementación de un nuevo proceso penal, que sea oral y público.
El nuevo Sistema se caracteriza porque delimita claramente las funciones del acusador (ministerio público) y el juzgador. En el anterior sistema, el que juzgaba también investigaba y resolvía.
El nombre del nuevo sistema, conocido también como Sistema de Justicia Penal en México, prevé el término acusatorio porque hay un órgano acusador que debe tener delimitadas sus funciones.
Es adversarial porque representa un procedimiento donde a la persona acusada se le otorgan herramientas durante el proceso, para que realmente pueda defenderse de lo que se le acusa.
Como piedra angular del nuevo sistema es el derecho humano, que es la presunción de inocencia del acusado, hasta que no se le demuestre lo contrario.
Nuevo sistema, sin consolidación
Para el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., institución independiente sin fines de lucro que realiza investigaciones y presenta propuestas para el desarrollo de México, el proceso de implementación de la reforma se caracterizó por la ausencia de procesos homologados y experiencias locales y federales contrastantes, que derivaron en un escenario que, si bien presenta buenas prácticas y aciertos, se encuentra lejano del ideal prometido ocho años atrás.
En un estudio publicado en 2016, la asociación reconoce pendientes en la implementación y retos que enfrenta el proceso que han denominado de “consolidación”.
“Existen prácticas positivas, pero se encuentra ausente un esfuerzo coordinado y una planeación integral, tanto en el ámbito federal como en el local”, expone el estudio donde se reconoce que el sistema de justicia penal tardaría al menos 11 años más para alcanzar el nivel óptimo para operar de manera eficaz y adecuada.
Y aunque implicó una importante inversión de esfuerzos y recursos de todas las instituciones involucradas tanto a nivel local como federal para que operara con plena vigencia en todo el territorio nacional, el nuevo sistema sigue con brechas y vacíos en el proceso que representan un obstáculo para el acceso a una justicia de calidad.
Inversión Oaxaca
Tan sólo en el periodo 2010-2016, por el Subsidio de Apoyo a las Entidades Federativas (Setec), Oaxaca recibió más de 139 millones de pesos para la implementación de la reforma, que lo ubicó en la posición 13 de los estados que recibieron más recursos.
Durante ese periodo, se observó que la entidad invirtió más en el rubro de tecnologías de la información, mientras que la capacitación y la infraestructura quedaron en segundo término.
En la entrega del recurso del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, en 2014-2016 Oaxaca fue el tercer estado con mayor apoyo, al recibir más de 700 millones de pesos.
Pese al recurso recibido de 2010 a 2016, de más de 800 millones de pesos en total, tanto por el Fideicomiso y SETEC, Oaxaca invirtió menos de 5 millones de pesos en capacitación tan sólo el año pasado.
De acuerdo a los criterios nacionales, la capacitación del nuevo Sistema de Justicia tendría que darse a los jueces, administradores de salas, ministerios públicos, ministerios públicos orientadores, defensores, especialistas en métodos alternos, facilitadores, policías de investigación, policías, peritos, personal del sistema penitenciario, asesor de víctimas, periodistas y comunicadores, abogados litigantes, unidades antisecuestro y formación docente.
Señalan deficiencias en policías y ministerios públicos
Por este nuevo procedimiento de justicia, donde jefes de gobierno, políticos y diputados de diferentes partes del país han mostrado su rechazo por la supuesta excarcelación que habrá de miles de personas por delitos que antes eran graves y ahora no, también se han advertido defensores que niegan tales aseveraciones.
Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la fundación México Unido en Contra de la Delincuencia, dejó en claro que el sistema no da garantías a los delincuentes como lo han hecho ver algunos detractores.
Landa señaló que el Sistema se diseñó para atacar y erradicar el abuso de la prisión preventiva y el olvido de la participación de los jueces, Torres Landa afirmó que las críticas son inapropiadas de este nuevo Sistema que tiene ocho años de expedición y uno de vigencia.
Precisó que el sistema anterior tenía muchos defectos y el actual no genera ni generará violencia ni inseguridad, porque ambos aspectos no tienen que ver con el funcionamiento del sistema si no con la actuación de las autoridades.
A varios años de distancia de ponerse en marcha el Sistema en el país, consideró lamentable que muchos no hicieran “la tarea” de capacitación a policías y agentes de ministerios públicos, donde cree que existe un atraso.
En entrevista con esta casa editorial, Torres Landa reconoció que sí puede haber mejoría en algunos temas como en la capacitación, pero insistió que el nuevo Sistema no llevará a una liberación masiva de delincuentes.
“Lo que sí habrá es un menor número de detenidos, porque el proceso requiere forzosamente de investigación con pruebas”, explicó.
De Oaxaca, que fue pionera en la implementación de este Sistema, consideró que al igual que en el resto del país, el común denominador es que las autoridades competentes hicieron “poco o nada” para que los factores del sistema pudieran funcionar como debería.
El problema de fondo es en policías y agentes de ministerios públicos, opinó, porque la mayoría no están capacitados debidamente para poder actuar con este Sistema.
Ante ello, consideró que en la administración estatal de Gabino Cué Monteagudo se olvidaron de este Sistema y ahora se paga el precio, porque las corporaciones desconocen qué hacer.
“Recursos ha habido, se han invertido miles y millones de pesos, pero no hubo un gasto eficiente”, aseguró el secretario de la Fundación México Unido, quien no descartó que gran parte de los recursos se fueran a equipo y actos de corrupción.
Importante que la sociedad se informe: vicefiscal
Alejandro Magno González Antonio, vicefiscal general de la zona centro de la Fiscalía General de Oaxaca, coincidió en que el nuevo Sistema no representa excarcelaciones masivas ni ventajas a los delincuentes como los detractores lo hacen ver.
“Desafortunadamente se han dado muchos mitos; lejos de éstos, el sistema incentiva el mayor número de denuncias porque su procedimiento penal es más transparente y más público”, resaltó.
Con las recientes modificaciones, donde el nuevo Sistema desecha el término de “delitos graves” por “delitos de prisión preventiva”, el funcionario aclaró que tal cambio tampoco generará hechos que vulneren a los ciudadanos.
Antes, con el viejo sistema, las personas acusadas de “delitos graves” estaban en prisión durante todo su proceso, sin posibilidad de salir hasta que hubiera sentencia. Si ésta demostraba que era inocente, podría salir en libertad.
Cambia término de delitos graves
Ahora, al dejar de existir el catálogo de delitos graves, porque la Constitución establece un nuevo catálogo de delitos que van a prisión preventiva de manera oficiosa y cuya lista es más corta, las personas acusadas por delitos que no estén dentro de esta lista, podrán enfrentar su proceso en libertad.
Los delitos a prisión preventiva, de acuerdo a la modificación, son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, entre otros.
De los que ya no se consideran graves como la portación de armas de fuego, violencia familiar, ordeña de ductos, abuso de confianza y homicidios imprudenciales, el entrevistado aclaró que esto no significa que no pueda haber prisión preventiva en estos delitos, toda vez que el MP podría solicitarla si la considera necesaria, mientras que el juez podrá otorgarla o no.
“En el caso de portación de armas de fuego, que no está en el catálogo de delitos a prisión preventiva, el MP puede considerar que en ese caso la persona debería estar en prisión preventiva por diversas razones y justificaciones”, como antecedentes penales o posibilidad de fuga, entre otros.
“En Oaxaca no habrá liberación masiva; los abogados podrán solicitar al juez que cese la prisión preventiva para los acusados que se mantienen en la cárcel por delitos que antes eran graves y ahora no lo son, pero no significa que los jueces en automático lo concedan”.
En ese sentido, el MP analizaría cada caso y podría argumentar por qué tendría que continuar la persona acusada en la cárcel, pero al final será el juez el que decida.
“No es un proceso en automático que dejará libre a miles; habrá personas que pedirán que se revise su situación y la libertad durante su proceso, pero se analizará cada caso donde habrá oposición o no”.
Sin precisar el número de solicitudes en Oaxaca para conceder otras medidas que no sea la prisión, en el caso de personas recluidas por delitos graves que ahora no lo son, el funcionario afirmó que en algunos casos se ha procedido, pero en otra no.
“Con las personas que se les ha concedido otra medida no ha habido algún problema; no se han fugado y han estado atentos a sus procesos, en el caso de robos y fraudes de determinada cuantía, que ya no están considerados graves”.
Acusado no es culpable en automático
Con el nuevo Sistema, el acusado no es culpable hasta que el juez así lo determine. Mientras, será una persona que estará sometida a un proceso penal, pero estará en libertad si el delito no amerita prisión preventiva.
Sin embargo, para aquellos delitos que no son considerados graves, se cuenta con 13 posibilidades distintas a la prisión y que protegen a los denunciantes, como una garantía económica, que no se acerque a la víctima, no salga de su casa, colonia o ciudad, o que firme determinado día ante las autoridades correspondientes.
Por tal motivo, invitó a la ciudadanía a denunciar y mantenerse informada, “porque el hecho de que algunos delitos ya no sean graves, no significa que la persona acusada no irá a prisión”.
Ante la denuncia de un delito no grave, el MP podrá solicitar la prisión preventiva si hay riesgo de que se fugue, que sea peligroso para la víctima o que pueda obstaculizar la investigación.
González Antonio reconoció que en este nuevo Sistema sí hay fallas, pero no del mismo, sino de los propios funcionarios que lo operan, como algunos jueces, ministerios públicos y defensores.
“Por eso se busca fallar lo menos posible; en ningún país podemos decir que hay cero fallas. Hay buenos y hay malos, por eso debemos detectar a los malos y sacarlos del Sistema”, dijo.
La reforma fue politizada: Molina Reyes
Para el abogado y politólogo, Moisés Molina Reyes, en esta Reforma al nuevo Sistema de justicia era necesaria la participación ciudadana, porque el tema parece haber sido politizado.
Reconoció que sólo un sector de la población participó en la Reforma, donde se dejó al margen a los investigadores, académicos, escuelas, universidades, entre otros.
Aunque admitió que con el nuevo Sistema de Justicia Adversarial, lo que se tardaba años en resolver ahora se realiza en meses o hasta semanas, el licenciado en Derecho estimó que las deficiencias en éste amenazan con menos denuncias y más delincuentes libres.
“Si antes dos de cada 100 personas denunciaban algún delito, ahora, con la amenaza de excarcelamiento de delincuentes, denunciarían 2 de cada 500 personas, cuando el propósito era que con el Sistema de Justicia Adversarial, la gente se animara a presentar sus querellas con la esperanza de que fueran atendidas de manera más rápida”.
Con las nuevas modificaciones, dejó entrever que los legisladores modificaron los efectos del Sistema y politizaron el asunto, así como restaron la participación de otras áreas de la sociedad.
Opinó que la nueva era o etapa de los Derechos Humanos en la que nos encontramos, permite como efecto colateral no calculado, que los delincuentes puedan salir más rápido.
“El probable responsable, ahora es imputado, considerado inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Aunque técnicamente se pretende el respeto por igual a la víctima que al imputado, en la realidad a éste último se le dan ventajas”.
