Por intolerancia religiosa, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 11 expedientes y tres cuadernos de antecedentes durante el periodo 2019-2024, con un segundo lugar en el país por mayor incidencia.
Ante esta problemática social que afecta a la población de diversos municipios del estado, el organismo estatal realizó ayer el Primer Foro de Desplazamiento Forzado por Intolerancia Religiosa en el auditorio del Congreso del Estado.
Al hacer uso de la palabra, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, destacó que la entidad concentra los mayores casos en municipios regidos por el sistema normativo interno.
Por tal motivo, consideró fundamental para su pronta atención y erradicación la implementación de foros que generen propuestas que ayuden a visibilizar este problema en el Estado, y con ello sentar las bases para implementar políticas públicas que puedan erradicar este flagelo, armonizando una plena convivencia pacífica en la que se respeten los derechos humanos de todas y todos.
Con este foro que durará dos días, las conclusiones pretenden impulsar una iniciativa de ley o política pública que les brinde protección y garantía a todas las personas que profesen una religión distinta a la católica en el marco del respeto a sus derechos humanos.
Durante el foro que se inauguró en conjunto con la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, se contó con la participación del director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Edwin Martínez Espíndola, así como Juan Antonio Hernández, vicepresidente de la Confraternidad de Pastores Cristianos del Estado de Oaxaca y Gloria Ángeles Cruz López, en representación de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Entre los temas a abordar por más de dos horas, fueron “Los desafíos de la libertad religiosa en el contexto del Estado de Oaxaca en el marco de la declaración universal de los derechos humanos”, “Discriminación, persecución y rechazo basados en las creencias religiosas en las comunidades de Oaxaca” y “El papel y los riesgos de las y los defensores de derechos humanos religiosos”.
