El sistema procesal acusatorio que entró en vigor en Oaxaca en 2007 y aplicó a plenitud a partir del 2016 en todo el país, debido a la violencia generalizada que se vive, enfrenta una de las pruebas más importantes desde su implementación.
El abogado Carlos Morales Sánchez, expone que uno de los beneficios que ha aportado este sistema acusatorio adversarial, es que representa para la ciudadanía una garantía que acudirán a un tribunal en una audiencia pública, de manera transparente, con la posibilidad de conocer a sus testigos y a las personas que lo acusan.
“El anterior sistema escrito tradicional era un sistema muy duro y muy poco garantista, permitía que una persona con una sola denuncia y con la declaración de dos testigos se podía mandar a una persona a la cárcel con base a esas declaraciones, los acusados podían recibir una pena extensa de prisión y el sentenciado nunca conocería a sus testigos, si no aparecían no pasaba absolutamente nada”.
Explicó que las ventajas con el nuevo sistema, es que el testigo o los testigos deben acudir ante la sala de audiencia de juicio oral a señalar a esa persona, a manifestarse. “Entonces existe la posibilidad de que el abogado de la parte imputada pueda interrogar a la persona que hace el señalamiento, desde esa perspectiva esos son los beneficios del sistema”.
Por otra parte, dijo que algunas de las observaciones que se han realizado “es que la ciudadanía que ha sido afectada por la comisión de un delito, ven en este sistema acusatorio adversarial como un sistema muy garantista para las personas que se les atribuye la comisión de un delito y esta es la dificultad, porque por una parte las víctimas consideran que este sistema es flexible y permite la construcción de una puerta giratoria. Por un lado entran al reclusorio y por otro lado salen”.
“Una crítica al sistema es que permite a los ojos de la ciudadanía que personas que han cometido delito, pues obtengan su libertad, pero como abogado litigante y defensor de derechos humanos veo que esa es la fortaleza del sistema”.
Expuso que a poco más de tres años de su implementación a plenitud en la entidad, “un primer análisis deberá hacerse en el 2026, cuando cumplamos 10 años de su implementación, pero esperemos que nuestro nuevo sistema sobreviva en este tiempo, porque también hay tendencias regresivas que pretenden que volvamos al sistema viejo”.
“Entendemos la ola de violencia en el país y las víctimas quieren una respuesta fuerte y autoritaria del estado contra las personas que afectan su vida, libertad, patrimonio y la vida de sus familiares, entendemos que las víctimas exijan eso, un sistema fuerte y duro contra los que cometen delitos, pero al mismo tiempo todo este sistema debe tener un equilibrio con la visión del respeto a los derechos humanos, y es un derecho humano de los imputados sobre la presunción de inocencia, es un derecho humano enfrentar el procedimiento en libertad, es un derecho humano ofrecer pruebas y testigos”, destacó.
