El cuidado y la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sistema DIF Oaxaca, entre ellas las dos niñas migrantes que murieron en el albergue de tránsito Casa Pato, ha recaído en esta administración en personas con perfiles y trayectorias distantes de las funciones que exige su cargo.
Además de que entre las 85 personas que están en direcciones, jefaturas, coordinación o delegación hay varias que tienen como último grado de estudio la secundaria.
La ahora ex directora general, Maribel Salinas, es licenciada en biología, mientras que la ex coordinadora de albergues, Cristina Ramírez Vargas, es egresada de la licenciatura en administración turística, y la ex directora de Casa Pato, Teresita Vargas Domínguez declaró haber estudiado una licenciatura (sin especificar cuál ni en qué año egresó) y tener experiencia en negocios, solamente como propietaria desde 1998.
Las tres fueron destituidas este martes tras la muerte de las dos niñas migrantes originarias de Haití y al menos dos de ellas fueron puestas a disposición del ministerio público. Además de que este miércoles se reportó la puesta a disposición del que hasta ahora era el jefe del departamento de servicios generales y que de acuerdo con el directorio del sistema DIF es Elías Javier Blanco Zárate, con carrera técnica, según su currículum.
Delegaciones, el mismo mal
En el directorio del DIF Oaxaca también se observa que en varias de las delegaciones regionales están personas que únicamente cuentan con bachillerato como último grado de estudios, como se observa en las delegaciones de Valles Centrales, Sierra Sur y Costa. En tanto, la delegada en la región Sierra de Juárez (antes Norte) aparece con primaria como último grado de estudios.
Organizaciones exigen justicia
Al menos 21 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para exigir justicia y una investigación exhaustiva por la muerte de dos niñas migrantes en el albergue Casa Pato y por las denuncias de abusos de menores de edad bajo custodia del sistema DIF Oaxaca. Entre estas organizaciones está el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI),
“Lo que debía ser un espacio de protección se convirtió en el escenario de una tragedia prevenible. La falta de resguardo, vigilancia y condiciones mínimas de seguridad no es un accidente: es negligencia institucional”, expresó la asociación civil, al exigir también la reparación integral y acompañamiento a la madre, revisión urgente de todos los Centros de Asistencia Social y garantías de no repetición.
La Plataforma de Derechos Humanos, que agrupa a 18 organizaciones, así como la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer) no sólo exigieron justicia sino que los albergues y demás espacios del DIF Oaxaca sean espacios seguros. Asimismo, demandaron una actuación cabal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
