La Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), única en el país, cumple este uno de marzo siete años de funcionamiento y de tutelar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades originarias, ya que al ser Oaxaca un estado multicultural, como parte de sus atribuciones conoce de los asuntos relacionados con las resoluciones de las autoridades e inconformidades que deriven de los sistemas normativos internos.
Al participar con una ponencia en el Segundo Encuentro del Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas, el presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, puntualizó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha reconocido a las localidades como sujetos con personalidad jurídica y derechos para avanzar en la construcción de una verdadera equidad y justicia social.
Desde esta interpretación, explicó, se abordan asuntos como la autonomía hacendaria; la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que marcó un importante precedente en el país; los límites de la justicia indígena para no vulnerar los derechos humanos e inconformidades que se susciten en los procesos de consulta, entre otros.
En su ponencia, donde estuvieron presentes autoridades municipales de Santiago Matatlán, San Bartolomé Quialana, Santa Cruz Papalutla, Santiago Tlazoyaltepec, San Juan Guelavía y representantes de la Universidad Politécnica de Nochixtlán, así como representantes de instancias en materia electoral, el presidente de la Sala de Justicia Indígena, compartió algunas experiencias de la Sala en diferentes casos.
El magistrado Cordero Aguilar resaltó que el tema del derecho al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los que ha arropado la Sala de Justicia Indígena en el marco jurídico y que ha colocado en la agenda judicial del más alto nivel, al igual que la falta de diseños normativos suficientes y políticas públicas para que se responda al principio de la pluriculturalidad, ya que, a pesar de los avances, México sigue actuando como un país monocultural, enfatizó.
El Poder Judicial del Estado, es la única institución en el país, incluso en toda Latinoamérica que cuenta con una Sala de Justicia Indígena, lo que ha fortalecido la legitimidad constitucional con la que cuentan los pueblos originarios y la vigencia del pluralismo jurídico.
