De acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), el sureste del país, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son foco rojo por la utilización de programas sociales para fines electorales.
Rodrigo Osorio Molleda, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fepade, señaló que también se dan casos de manejo de recursos de procedencia ilícita; sin embargo, el lucro de los programas sociales es lo que impera en mayor número en cada proceso electoral que se realiza en la entidad.
“La Fepade ha hecho efectivo un blindaje electoral, no solamente en materia de programas sociales, que es la principal situación que se presenta en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino también para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita”.
Explicó que actualmente existen algunos casos de investigación de recursos que pudieran provenir de actividades ilegales. “Son situaciones que se han ido vislumbrando, estamos elaborando programas para ver de dónde provienen esos recursos; por ejemplo en candidaturas independientes pueden generarse que no se tuvieran los recursos necesarios para una campaña o se vieran recursos en las mismas”.
Dijo que si bien el fenómeno de los candidatos independientes es novedoso, “debe manejarse con mucho cuidado por parte de las autoridades, tanto electorales como de procuración de justicia”.
“Dentro de las facultades que tiene la Fepadees que se puede perseguir como de oficio o por denuncia que lo puede presentar cualquier persona donde se presuma que hay ingresos de recursos de manera ilícita”.
Comentó que la sanción por uso de recursos de procedencia ilícita es la mayor sanción en materia electoral, que va de los 5 hasta los 20 años de presión. “En estos casos se investigan de dónde provienen los recursos y cómo se aplican en las campañas, no solamente saber la presunción sino llegar a fondo”.
Osorio Molleda detalló que actualmente la Fepade cuenta con 50 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales en el actual proceso electoral, algunos de estos tienen que ver con recursos de procedencia ilícita, es decir, recursos que pudieran provenir del crimen organizado.
“Por las investigaciones no se pueden dar a conocer los casos que se encuentran en curso de recursos utilizados de procedencia ilícita, porque se violentaría los derechos fundamentales de los involucrados”, apuntó.
