El Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer) denunció “la falta de información, de investigaciones con perspectiva de género y de rendición de cuentas” como las causantes de la normalización de la violencia contra las mujeres y de que se envíe “un mensaje peligroso de tolerancia estatal frente a la violencia feminicida”.
Ante esto, la organización feminista exigió investigaciones con perspectiva de género, justicia para las víctimas y respuestas reales para sus familias.
Este domingo, en el primer “Día Naranja” del 2026, GES Mujer reportó que el año 2025 cerró con 83 feminicidios y en lo que va del presente año ya son 4. Con ambas cifras, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) arrastra con 291 feminicidios del 1 de diciembre del 2022 al 19 de enero de este año.
Uno de los casos recientes es el de la comerciante Rosa María, asesinada el pasado 14 de enero tras un asalto a su negocio, en la calle Valerio Trujano a unas cuadras del Palacio de Gobierno, ciudad de Oaxaca.
Sin embargo, respecto al año 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que hubo 89 asesinatos de mujeres en el estado de Oaxaca: 16 de los casos los consideran como feminicidios y el resto como homicidios dolosos de mujeres.
En su pronunciamiento por el Día Naranja, GES Mujer detalló que de las 83 mujeres víctimas de feminicidios registradas en su recuento, el 60 por ciento fue privada de la vida con impactos de armas de fuego. En el 19 por ciento de los casos, fueron asesinadas con agresiones físicas (golpes, machetazos, apuñalamientos, quemaduras). Además de que en el 87 por ciento de los casos no se especifica al agresor.
“El alto porcentaje de este criterio demuestra una falla grave del Estado. No identificar al agresor impide el seguimiento de los casos perpetuado la impunidad y protegiendo a quienes ejercen la violencia, dejando a las víctimas sin verdad ni justicia”, expresó la organización.
GES Mujer subrayó que “el acceso a la justicia no es un privilegio, es un derecho humano. Las familias tienen derecho a saber quién fue responsable y qué acciones se están tomando para que estos hechos no se repitan. Sin información clara y responsabilidades definidas, no hay garantías de no repetición, retrasando la posibilidad de construir un país donde las mujeres vivan libres de todo tipo de violencias”.
