Organizaciones sociales, acusaron dilación del gobierno estatal en reconocer la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 144 familias triquis que abarcan a 504 personas.
En pronunciamientos, pidieron que se establezcan estrategias inmediatas que garanticen la vida y retorno de las personas de la zona triqui que son víctimas de desplazamiento forzado interno de Tierra Blanca Copala.
El Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), pidió respuesta de la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa Alcalde; al subsecretario de la dependencia, Félix Arturo Medina y al gobernador, Salomón Jara Cruz para que, a la brevedad pueda ser instalada una mesa de trabajo para la implementación de estas medidas cautelares.
El 1 de noviembre del 2023, a través de la resolución número 62/2023, la CIDH otorgó la medida cautelar MC-279-22 a las 144 familias triquis, las cuales en diciembre de 2020 fueron desplazadas por un grupo paramilitar y caciquil que opera en la región.
Por eso, pidieron que se adopten las medidas necesarias y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias que están en Yosoyuxi.
En particular, solicitó adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad y que se den las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes.
También que se dé un informe de las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Por su lado, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI A.C.) solicitó al Estado Mexicano, cumplimiento de la medida cautelar otorgada y que se legisle una ley general para atender el desplazamiento forzado interno de personas.
