Debido a que el cabildo de Oaxaca de Juárez analiza dejar sin efecto el acuerdo por el que se mantienen suspendidos los trámites y autorizaciones para cambios de uso de suelo, subdivisiones, licencias de construcción y otros que pudieran afectar a las áreas naturales protegidas de la ciudad, el activista Carlos Morales exhortó a los congresos local y al federal para que intervengan en la solución del problema.
Esto para que la 65 Legislatura también exhorte al municipio y este no modifique ni derogue el punto de acuerdo 001/CU/2021, el cual mantiene suspendidos tales trámites en tanto el gobierno estatal no delimite las áreas naturales protegidas marcadas en el decreto del 12 de noviembre de 1992. “Ya sea por el decreto o porque se realice una nueva marcación o decreto”.
El activista y fundador de la asociación Colmillo Blanco dijo que es urgente que tales áreas realmente se protejan y exista un plan de manejo para su recuperación. Pero que esto es una responsabilidad que el gobierno del estado evadido durante varias administraciones.
Por eso requerimos que la cámara federal intervenga porque, al parecer, la Semabieso (Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad), que es la encargada de estas áreas naturales nunca lo ha hecho y por eso estos problemas han estado creciendo”, dijo en alusión a la dependencia estatal.
Sobre la injerencia o no del ayuntamiento capitalino, Morales expuso que este “tiene que respetar (el decreto) para que esto no genere más problemas”.
Que se defina el área natural. Si le corresponde a los ciudadanos, que se los otorgue, pero que sea definitiva la decisión del gobierno federal y del estado”, apuntó en entrevista, luego de que en su conferencia en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca irrumpiera un grupo de presuntos propietarios.
Al igual que en la conferencia de hace dos semanas, estos arremetieron contra el activista y contra las y los reporteros que cubrían la actividad.
¡Nosotros tenemos antecedentes de 1930!”, dijo una mujer que se identificó como propietaria. “¡Están primero los dueños que el decreto!”, agregó Sandra Jiménez, otra de las que se ha identificado como propietaria en el ejido Guadalupe Victoria y en referencia al decreto de 1937, por el que se estableció el Parque Nacional Benito Juárez.
¡No te metas porque es propiedad privada, evítate problemas!, añadió otra mujer. En tanto, uno de los hombres que también se dijo propietario le exigió al activista abstenerse de “estas actividades” y no generar confrontación. “¡Ya te lo dije la vez pasada!”
Los presuntos propietarios aseguraron que son ellos quienes han cuidado las áreas y sembrado cientos de árboles, por lo que increparon a Morales y lo acusaron de tener intereses en su activismo. “¡A mí no me vas a enseñar de ecología! Con 30 años, ¿crees que no hemos sabido utilizar energías alternativas?”
El acuerdo del 17 de noviembre de 2021 fue avalado por el cabildo de la pasada administración de Morena y en mayo de 2022 fue ratificado por la actual. En él se establece que desde el 18 de noviembre de 2021 están suspendidos los trámites y autorizaciones de cambios de uso de suelo, subdivisión, licencias de construcción y de urbanización, entre otras en estas áreas protegidas hasta que no exista una definición de las mismas, una normativa derivada y un plan de manejo integral. El acuerdo incluso abarca el parque Nacional Benito Juárez, decretado en 1937.
Sin embargo, el regidor Pável López Gómez, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y promotor de la derogación, aseguró que el análisis no necesariamente implica la derogación sino que atiende las peticiones de 750 personas propietarias (en su punto de acuerdo PA/RODPUCH/005/2023 señala que son 211 peticionarios) y de la autoridad agraria del ejido Guadalupe Victoria que piden la derogación.
Incluso, dijo que el acuerdo del 2021 careció de estudio y que por eso él se negó al mismo.
Eso implica la afectación de más de 25 mil personas, 48 colonias a las que no podemos darle ningún tipo de servicio. Cualquier recurso que se pueda invertir ahí es desvío de recursos”.
López aseguró que las 25 mil personas pagan predial al municipio y que por eso tienen derechos.
No se toca ni el cerro del Fortín, no se toca el Crestón, no se toca Cruz Blanca ni mucho menos el bosque nacional de San Felipe (el Parque Nacional Benito Juárez), que es desde Viguera hasta Huayápam”, dijo al tiempo calificar el decreto de 1992 como uno “mal hecho”, solo con “algunas ubicaciones. Pese a esto, negó que los propietarios tengan sus predios dentro de las áreas. “Están fuera de esas coordenadas”.
Sobre los señalamientos de activistas de tener intereses económicos en el Cerro de Crestón, López lo negó y acusó a los ambientalistas como Nasario García de supuestamente pedir “100 mil pesos a una persona para dejarla construir” o a otros de ser de Huajuapan o de la agencia San Martín.
