La transición hacia la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) no solo exige personal capacitado y el fortalecimiento de la selección de personas juzgadoras, sino también la consolidación de mecanismos que garanticen una justicia accesible, oportuna y cercana a la ciudadanía.
Durante la conferencia “Retos y desafíos de la implementación del nuevo CNPCyF”, el senador Javier Corral abordó los desafíos de este nuevo modelo de justicia civil y familiar, como parte del Foro nacional realizado el 9 y 10 de abril en el Teatro Macedonio Alcalá.
En este espacio, señaló que el nuevo Código busca superar la lentitud y el exceso de formalismos, mediante procesos orales, el uso de la tecnología y una participación activa de las partes.
Ante cientos de asistentes, entre jueces, magistrados, abogados y representantes de los diferentes sectores de la sociedad, Javier Corral se pronunció por corregir lo que no funcionó y fortalecer lo que puede servir al país.
APOYARSE EN LA TECNOLOGÍA
Destacó que esta legislación se ha diseñado como una respuesta a importantes problemas estructurales por la lentitud de los procedimientos en materia civil y familiar, integrando una nueva dinámica adversarial y oral apoyado con la tecnología.
“Incorpora herramientas digitales y fortalece los mecanismos de defensa. Es una justicia civil y familiar accesible igualitaria y oportuna que resuelva los conflictos de las personas”, señaló, luego de reconocer que existe un déficit de personas juzgadoras y el proceso de transición requiere personal capacitado.
MOMENTO CRUCIAL PARA LA JUSTICIA
Al señalar que México se encuentra en un momento crucial del sistema de justicia, el senador expuso que por años los conflictos en materia civil y familiar se resolvieron bajo reglas distintas en cada entidad federativa, con procedimientos muy largos, algunos muy costosos y en muchos casos ineficaces.
Con la expedición del CNPCyF en 2023, el senador reiteró que esta legislación se diseñó como una respuesta a importantes problemas estructurales en la impartición de justicia civil y familiar, como la fragmentación normativa, la lentitud de los procedimientos y la falta de uniformidad en la resolución de los conflictos.
