La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, evidenció este viernes una serie de irregularidades y omisiones cometidas por las autoridades en la protección del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla,
Nueve días después del crimen y ante una serie de especulaciones del actuar de este organismo estatal, Lara Rodríguez dio a conocer una cronología de actuación con el primer acercamiento que tuvo la Defensoría con el periodista el 14 de julio de 2025.
En esa fecha, Leyva Aguilar acudió a exponer su situación y a recibir orientación jurídica ante las amenazas que recibía, con el objeto de interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la cual se dio apertura al cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/181/(01)/OAX/2025.
“Esas amenazas fueron recibidas a través de redes sociales, particulares y en algunas ocasiones, también fueron redes sociales falsas, por lo que al no advertir que eran redes oficiales, no advertimos la presencia y participación de servidores públicos, debido a que eran particulares”, precisó.
En conferencia de prensa, la Defensora afirmó que el periodista expresó que no deseaba medidas cautelares o de protección, porque no quería ser vigilado por el temor y miedo de que se filtrara información de sus ubicaciones.
Luego de presentar su denuncia (el 16 de julio) ante la FGR, dos días después del contacto con la DDHPO, el 15 de agosto el periodista también solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca su colaboración para la emisión de medidas de protección.
El 9 de septiembre de 2025, dijo, “sabedores de que la carpeta de investigación la tenía la FGR”, la Defensoría le solicitó el estatus y los datos de la misma carpeta, para pedir también que desde esa vía se dieran medidas de protección al periodista.
Ante la falta de respuesta, el 8 de octubre la DDHPO volvió a emitir la solicitud a la FGR, que les contestó hasta el 17 de octubre para informar que el 28 de julio declinó la competencia a la FGEO, a la cual ya había remitido la carpeta de investigación desde el 5 de septiembre.
“En ese momento, el día 24 de octubre, nosotros solicitamos a la Fiscalía del Estado el número de carpeta de investigación, el estado que guardaba, el delito que se investigaba y las personas contra las que sigue la investigación, además de las órdenes de protección y en qué consistían dichas órdenes”.
Precisó que en esa fecha pidieron a la FGEO se informara que en caso de no haberse emitido una orden de protección, se les dijera el motivo y el fundamento legal por el que no lo habían hecho.
Hasta el 8 de noviembre la Defensoría recibe respuesta de la Fiscalía, que le informa no tener algún registro de la carpeta de investigación remitida por la FGR. Ante ello, el 20 de noviembre de 2025, y por tercera ocasión, la DDHPO le pide medidas de protección y le adjunta el oficio donde la FGR declinaba competencia al organismo estatal.
El 21 de noviembre, personal de la FGEO rectifica su respuesta y reconoció haber recibido el expediente por la FGR, informando que esta fue turnada al área correspondiente para el seguimiento de la investigación.
El 25 de noviembre fue la segunda comparecencia del periodista, donde manifestó que ninguna de las dos instituciones se había puesto en contacto con él, para notificarle de las determinaciones correspondientes.
Por ello, Leyva Aguilar solicitó por primera vez a la Defensoría canalizar su petición de otorgársele medidas de protección dentro de la carpeta que había sido turnada por la FGEO, así como su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia federal de la Secretaría de Gobierno de México.
El 29 de noviembre, preocupado por la declinación de la FGR, el periodista solicitó copia del expediente integrado por la DDHPO para presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por cuarta ocasión, el 2 de diciembre, la DDHPO pide a la FGEO su colaboración para que de manera urgente implementara medidas de protección al periodista y por primera ocasión, su incorporación al Mecanismo de protección federal.
El 21 de enero de 2026, por quinta ocasión, se reitera la petición de medidas de protección; mientras que el 5 de febrero reiteró la incorporación urgente al mecanismo de protección federal.
En respuesta, el 11 de febrero, el Mecanismo federal responde y asegura haber contactado a la víctima, pero que no se encontraba inscrito ni cuenta con la solicitud pendiente de resolución, pese a que la DDHPO lo había pedido.
El 13 de febrero de 2026, el periodista envía un mensaje a la DDHPO para informar que seguía siendo amenazado, mostrando una sábana de números telefónicos de donde provenían y que fue certificado por la misma Defensoría.
El 17 de febrero la Defensoría volvió a solicitar la incorporación del periodista al mecanismo federal, que hasta este 31 de julio de 2026, no se ha tenido respuesta alguna.
Ante esta situación, la Defensora aseguró que se interpuso una queja ante la CNDH por la omisión y la falta de actuación del mecanismo federal.
