La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación general 01/2023, dirigida a servidores públicos del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, debido al abuso de autoridad en los diversos operativos que ha implementado, entre ellos el de alcoholemia.
La DDHPO determinó que la autoridad ofrezca disculpas en los casos que ha cometido arbitrariedades.
La instancia informó que existen múltiples expedientes de quejas de la ciudadanía, en donde se atribuye abuso de autoridad por la violación a los derechos a la libertad, la seguridad y la legalidad.
Estos se traducen en detenciones arbitrarias, abusos en los puestos de control de alcoholemia, revisiones sin justificación, agresiones físicas por parte de elementos de seguridad municipal, excesos en el cobro de multas y negativa al derecho de petición”, informó.
En ese sentido, la Defensoría pidió una justa reparación del daño a quienes demostraron haber sido víctimas de los abusos de autoridad y se proceda a la debida restitución de los afectados en sus derechos fundamentales.
Además, se pronunció enérgicamente en contra de cualquier tipo de violencia y abuso de autoridad, así como reiteró su compromiso a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los oaxaqueños.
Son 25 expedientes los que obran ante esta instancia en donde se reclaman diversos actos y por lo cuales esta instancia dijo que “permite ver una constante en el actuar de los servidores públicos del multicitado ayuntamiento que a su vez, permite deducir la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ello a pesar de que el artículo 28 de las Ordenanzas del Municipio de Santa Lucía del Camino establecen que “es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bien común de los habitantes del municipio.
Entre esos señalamientos narra que en hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022, cuando el ciudadano FVE caminaba en inmediaciones de la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde entregaría un trabajo de carpintería, fue interceptado por elementos de la Policía Municipal que iban en motopatrulla. Le marcaron el alto, le hicieron una revisión corporal en que le tocaron los genitales, le hicieron realizar 50 lagartijas después de las cuales, le dijeron que corriera, lo que hizo para escapar.
Por su lado, el ciudadano RNG, presentó queja ante ese organismo mediante escrito, pues señaló que el 23 de abril de 2022, fue privado de su libertad en un operativo de alcoholímetro, en donde lo agredieron con gas pimienta por querer ir por su cartera y que pagó una multa de 4 mil 500 pesos después de estar detenido por 18 horas. Además de eso, pagó más de 3 mil pesos por supuestas lesiones sufridas por un elemento de seguridad en el momento del operativo.
Por eso, entre sus determinaciones, la DDHPO solicitó a la autoridad que como una forma de reparación del daño, realice un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de todas las víctimas, respecto de lo cual, se deberá consensuar con éstas o sus familiares y con este organismo, el lugar, autoridades participantes y modalidades del mismo.
Además, que para el ejercicio fiscal 2024, establezcan en la Ley de Ingresos correspondientes, multas asequibles y que correspondan a la gravedad de la falta que se atribuye a la ciudadanía.
