En una jornada marcada por la exigencia y la crítica, este 11 de noviembre del año en curso, comunidades indígenas, académicos y activistas se reunieron en el Parlamento Abierto Ciudadano sobre la Ley de Aguas Nacionales, celebrado en el Congreso del Estado.
El encuentro, convocado por organizaciones como Flor y Canto A.C., Observatorio Comunitario del Agua, Fundar y Agua para Todos, concluyó con una exigencia clara: el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas al agua dentro de una sola Ley General de Aguas, que sustituya el actual marco legal considerado “mercantilista” y “privatizador”.
“Sin un marco legal que privilegie los derechos comunitarios frente a los megaproyectos, las comunidades corren riesgo de un despojo legalizado”, denunciaron los representantes indígenas.
UNA LEY CUESTIONADA: “EL AGUA NO ES UNA MERCANCÍA”
Los participantes coincidieron en que la iniciativa de reforma presentada el 9 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Conagua, actualmente discutida en la Comisión de Asuntos Hidráulicos, omite el derecho al agua de los pueblos originarios y contradice los principios del artículo 27 constitucional, que protege la dotación comunal de tierras y aguas.
La académica y activista Elena Burns, exsubdirectora de Administración del Agua en Conagua, sostuvo que el problema no es técnico, sino político y económico:
“Si Conagua cobrara el agua que utilizan las industrias y grandes usuarios, se recaudarían más de 44 mil millones de pesos al año. Pero hay impunidad fiscal: no se les cobra a ellos, mientras a los pequeños usuarios se les mide litro a litro”.
COMUNIDADES EN RIESGO: ENTRE EL DESPOJO Y LA CONTAMINACIÓN
Representantes de comunidades de los Valles Centrales, Sierra Norte, Mixteca, Istmo y Costa de Oaxaca relataron los impactos de megaproyectos extractivos, presas y minería, así como la contaminación de ríos y pozos por descargas industriales.
“La actual ley promueve el libre comercio y limita el ejercicio de derechos humanos como el medio ambiente sano, la salud y la alimentación”, afirmó Beatriz Salinas Avilés, de Flor y Canto A.C.
Por su parte, Juan José Consejo Dueñas, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), enfatizó la urgencia de reconocer también los derechos de la naturaleza:
“¿Cuánta agua le debemos dejar al río para que siga siendo río? Debemos proteger a la madre tierra, no al fracking ni a la minería a cielo abierto”.
LA DEFENSA COMUNITARIA: “HEMOS DEMOSTRADO QUE PODEMOS ADMINISTRAR NUESTRA PROPIA AGUA”
El campesino zapoteco Elías Hernández Santiago, de San Antonino Castillo Velasco, recordó la lucha de 16 comunidades zapotecas por el manejo autónomo del recurso:
“Durante 20 años hemos defendido nuestros derechos como campesinos. Demostramos que es posible administrar nuestra propia agua”, señaló.
Estas comunidades obtuvieron en 2022 las primeras Concesiones Comunitarias Indígenas de Agua en México, tras años de confrontación con Conagua.
PUEBLOS INDÍGENAS: “EL AGUA ES VIDA Y DERECHO”
El abogado ayuujk José Pablo Antonio alertó que la propuesta de reforma “carece de perspectiva intercultural” y no armoniza las leyes mexicanas con los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas.
“Falta eliminar la brecha entre el marco normativo y los derechos de los pueblos indígenas respecto al agua en sus territorios”, advirtió.
DEMANDA A LOS LEGISLADORES: “NO VOTEN A CIEGAS”
Entre los resolutivos del foro, los asistentes acordaron enviar un documento a la Cámara de Diputados Federal con los “puntos irrenunciables” que deben incluirse en cualquier nueva ley.
También exigieron a los diputados oaxaqueños Aciel Sibaja Mendoza y María del Carmen Bautista Peláez que “no voten a ciegas” y defiendan el interés de las comunidades.
“Se han presentado tres iniciativas de Ley General de Aguas, pero la única que avanza es la enviada por el Ejecutivo, que conserva la ley salinista. La lucha es larga, pero debemos avanzar hacia el buen gobierno del agua”, concluyó Elena Burns.
CONTEXTO NACIONAL: UNA REFORMA EN LA MIRA
La reforma federal al agua podría ser votada el próximo 29 de noviembre, en medio de críticas por la falta de participación social en los foros impulsados por Conagua.
Los parlamentos abiertos realizados por organizaciones civiles buscan abrir la discusión pública y visibilizar las voces comunitarias, que denuncian que el agua se está legislando sin la gente.
