Mientras los líderes mundiales firmaban en la cumbre del clima de Glasgow un acuerdo más para proteger los bosques del planeta, otra defensora del medio ambiente desaparecía en México tras denunciar la tala ilegal en su comunidad. Irma Galindo Barrios, indígena mixteca de 38 años, sabía que esos grandes pronunciamientos contra la deforestación pocas veces tienen eco en los remotos municipios de la sierra de Oaxaca, donde la impunidad campa a sus anchas. Fue vista por última vez el 27 de octubre.
Desde su casa en San Esteban Atatlahuaca, no muy lejos del aserradero, podía ver todas las noches el trasiego incesante de camiones cargados de troncos recién talados. En 2019 decidió presentar denuncias ante todas las instituciones posibles: la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal. Nunca obtuvo una respuesta de las autoridades, pero sí de los talamontes: un comando armado quemó su casa y las de otros defensores comunitarios en noviembre de ese año.
Tras el ataque, Irma decidió irse de la comunidad. Durante un tiempo algunos pensaron que había desaparecido, pero sus conocidos sabían que había salido del país por miedo a que la mataran. No tardaría en regresar. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, decía en un video publicado por la organización La Voz de la Justicia en diciembre de 2020.
Pese a las amenazas, continuó con su labor como defensora de los bosques de pino, encino y oyamel que rodean Atatlahuaca y no dejó de señalar públicamente a quienes veía como responsables de la deforestación, así fueran el presidente municipal, el comisario ejidal o su propio tío. Por ese entonces la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México empezó a apoyarla en temas de seguridad, cuenta Aurora de la Riva, codirectora de la red.
“En tanto que sigue su lucha y se mantiene su situación de riesgo le dijimos que era importante que pidiera medidas de protección ante el Mecanismo (de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas)”. Irma fue designada este año como beneficiaria de esa herramienta de protección y viajó a Ciudad de México para acudir a una cita con los responsables del Mecanismo el 29 de octubre. Pero nunca llegó al encuentro.
Dos días antes fue la última vez que fue vista con vida. Acudió a una protesta en el Zócalo de la capital junto a decenas de personas portando un cartel negro en el que se podía leer “No a los talamontes” y “El bosque se defiende”. La marcha se convocó después de que su comunidad volviera a verse sacudida por la violencia, cuando un comando armado asesinó a siete personas e incendió decenas de casas en Atatlahuaca, forzando el desplazamiento de 25 familias.
“Sólo le creen sus mentiras al presidente municipal, les envían recursos que usan para comprar armas y matarnos y si hay organizaciones o colectivos que quieren ayudarnos también los criminalizan, los amenazan, los hostigan y los condicionan. ¿A dónde iremos a parar? ¿Qué sigue?”, escribió en su última publicación de Facebook, en la que pedía una audiencia con la Secretaría de Gobernación para exponer la crítica situación que atraviesan sus comunidades.
Aurora de la Riva, de la Red de Mujeres Defensoras, ha perdido la esperanza de encontrarla viva, aunque exige a las autoridades que hagan su trabajo. “No ha habido ni una respuesta pronta ni correspondiente a la situación”. Sabe que las primeras 72 horas son cruciales en los casos de desaparición, pero Irma lleva ya más de 15 días. Ni sus familiares ni sus compañeros defensores han sabido nada de ella desde el 27 de octubre, cuando hizo una última llamada a una amiga de la comunidad: “Se sentía con algo de temor, había recibido una amenaza, pero no dio más detalles”.
