En los últimos días fuimos testigos del profundo desaseo con el que el Congreso aprobó leyes en nuestro país, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise lo aprobado y eche abajo cualquier iniciativa que vaya en contra de los establecido en la Constitución”, confió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Consideró que el primer periodo de sesiones del año en el Congreso federal estuvo marcado por la radicalización, la polarización y posibles fallas procesales que pudieran derivar en ilegalidades.
Por lo cual, rechazó el comportamiento de los legisladores federales, “ya que un país que se precia de ser democrático no debe permitir ejercicios desaseados que atentan contra la voluntad ciudadana y la Constitución”.
No estamos de acuerdo en que la elaboración o modificación de leyes que norman conductas como sociedad, la vida política y económica y que todos deben acatar, se realicen mediante procesos alejados de la deliberación pública”, denunció.
Lamentó que para la autorización de por lo menos 20 disposiciones que legisladores del partido en el poder y sus aliados aprobaron fast track, los ausentes hayan sido, la política, el diálogo y la voluntad de construir acuerdos.
Cuestionó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la extinción de Financiera Rural, las nuevas disposiciones en materia de licitaciones públicas, unificación de órganos internos de control, compras consolidadas y reorientación del pago de derechos de turistas extranjeros, la seguridad en aviación civil, cambio climático, así como la nueva Ley de General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Dijo que en Coparmex están convencidos que no se justifica que el diseño, discusión y aprobación de leyes se dé por la vía rápida como lo que ocurrió con las disposiciones que profundizan en el control de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como la gestión ferroviaria, aeroportuaria o su involucramiento en la política de promoción de la ciencia con las reformas que extinguieron al Conacyt.
En opinión del organismo empresarial, las minorías no deben ser aplastadas o acalladas por las mayorías, sino deben ser respetadas, y su voz debe ser escuchada para alcanzar consensos y evitar imposiciones, que son propias de gobiernos autoritarios donde no existe el Estado de Derecho.
