SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX.— La participación de estudiantes del CBTIS 123 en el segundo informe legislativo de la diputada local Sandra Daniela Taurino Jiménez desató cuestionamientos sobre los límites entre las actividades escolares y los actos de carácter político. Una convocatoria atribuida al director del plantel, Isidro Luis Juárez, solicitaba autorización de madres, padres o tutores, además de copias de sus identificaciones oficiales, para que los alumnos asistieran al evento programado este jueves 19 de noviembre.
La circular, difundida en redes sociales, señalaba que la asistencia tenía como propósito «reforzar aspectos académicos y participación cívica de los estudiantes».
Sin embargo, la convocatoria generó inconformidad entre usuarios, quienes cuestionaron la pertinencia de involucrar a jóvenes de educación media superior en un acto relacionado con el informe de actividades de una representante popular.
La controversia creció debido a que el documento no planteaba únicamente una invitación general: establecía una hora de asistencia, identificaba a un docente responsable de supervisar al grupo y condicionaba la participación de los estudiantes a la entrega de un formato firmado y una copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor.
PIDIERON FIRMAS E IDENTIFICACIONES PARA ASISTIR AL INFORME
El documento fechado el 18 de noviembre de 2026 estaba dirigido a los padres o tutores de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 123, ubicado en Santa Lucía del Camino.
En su contenido se convocaba a los alumnos a presentarse a las 15:45 horas en la explanada del Ayuntamiento, donde tendría lugar el segundo informe legislativo de la diputada del Distrito XII, Sandra Daniela Taurino Jiménez, integrante de la LXVI Legislatura.
La circular indicaba que los estudiantes debían reportarse con un docente encargado de la supervisión del grupo.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue el apartado de requisitos, donde se advertía:
«Este formato deberá ser entregado ya requisitado el día y hora de la cita, anexando una copia por ambos lados de una identificación oficial del responsable. Lo anterior es indispensable para que el estudiante sea tomado en cuenta para la actividad».
Aunque el formato incluía un espacio para que los tutores autorizaran la asistencia, la solicitud de documentación personal y la participación de alumnos en un informe legislativo abrieron el debate sobre la naturaleza de la convocatoria y la libertad de las familias para decidir.
REDES SOCIALES CUESTIONAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La difusión de la circular provocó numerosas reacciones. Entre los comentarios predominó la preocupación por la posible utilización de estudiantes en actividades de promoción política, así como la exigencia de que las instituciones educativas mantengan independencia frente a intereses partidistas.
«Nadie puede obligar a nuestros hijos a ir», expresó una usuaria, al cuestionar la convocatoria.
Otros comentarios apuntaron directamente a la responsabilidad de las autoridades educativas y sindicales para vigilar que los alumnos no sean utilizados en actividades ajenas a sus objetivos académicos.
«Allí es donde debería checar, supervisar, levantar la voz la Sección 22», escribió otro usuario.
También hubo quienes cuestionaron la participación de otras instituciones educativas en actos similares y señalaron que la formación cívica debe promover el pensamiento crítico, la reflexión y la libertad de decisión.
Sin embargo, el punto central de la discusión no fue la realización del informe, sino el papel que debía desempeñar una institución educativa y las condiciones bajo las cuales sus estudiantes participarían.
TRAS LA POLÉMICA, EL CBTIS 123 CAMBIA EL ALCANCE DE SU PARTICIPACIÓN
Luego de que la denuncia se viralizara, el CBTIS 123 difundió un segundo comunicado, fechado el 19 de noviembre, en el que precisó que la participación del plantel en el acto se limitaría exclusivamente a la escolta de bandera.
El documento, firmado por el director Isidro Luis Juárez, estableció:
«La participación del CBTis No. 123, al acto cívico del día jueves 19 de noviembre, correspondiente al segundo informe de actividades de la diputada Daniela Taurino, solo se llevará a cabo con la participación de la escolta de bandera, para rendir los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio».
La dirección añadió que esta intervención se realizaría conforme al oficio de solicitud entregado previamente a la institución.
Con este posicionamiento, el plantel delimitó su presencia en el evento y dejó fuera de la convocatoria general a los estudiantes que inicialmente habían sido considerados para asistir.
No obstante, el comunicado no explica expresamente por qué se emitió la primera circular en esos términos ni si la decisión de restringir la participación respondió directamente a las críticas ciudadanas.
LA DISCUSIÓN VA MÁS ALLÁ DE UN INFORME LEGISLATIVO
El caso abre una discusión necesaria sobre la autonomía de las instituciones educativas y la separación entre la formación cívica y la participación en actividades de carácter político.
Asistir a un acto cívico, rendir honores a la bandera o conocer el trabajo de los representantes populares puede formar parte de la formación ciudadana. Sin embargo, estas actividades deben realizarse con claridad sobre sus objetivos y sin generar presiones para que los estudiantes participen en eventos vinculados con figuras políticas.
La entrega de identificaciones oficiales de los tutores también merece una explicación sobre su finalidad, el tratamiento de esos datos y las condiciones bajo las cuales serían resguardados.
Por ahora, la dirección del CBTIS 123 estableció que únicamente participaría su escolta. Sin embargo, quedan preguntas sobre los criterios utilizados para elaborar la primera convocatoria y las razones que llevaron a modificarla después de la denuncia pública.
Finalmente, la polémica deja una exigencia de fondo: las escuelas deben ser espacios para formar ciudadanos críticos, no escenarios donde la participación estudiantil pueda confundirse con respaldo o acompañamiento político.










































