El estado de Oaxaca se ubica entre las entidades con mayor percepción de actos de corrupción, por lo que el gobierno estatal busca combatir este fenómeno con la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).
Luego que el congreso local aprobara las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Entidades Paraestatales, este lunes el Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz, firmó el decreto de creación del organismo fiscalizador con el que se busca combatir los actos de corrupción.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de la corrupción en el estado de Oaxaca fue de 90.6 por ciento en la población de 18 años y más, lo que ubica a la entidad en segundo lugar con los mayores índices de percepción.
En materia de prevalencia de las víctimas, el 14.8 por ciento de este sector de la población señaló haber experimentado actos de corrupción en las instituciones públicas y al menos 27 mil 484 tuvo alguna incidencia de actos de corrupción.
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Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que del 1 de enero al 30 de septiembre se denunciaron 205 delitos cometidos por servidores públicos en la entidad oaxaqueña, mientras en el 2022 fueron 282 denuncias, en 2021 sumaron 358, en 2020 fueron 433 y en 2019 se contabilizaron 400 denuncias.
En ese sentido, Jara Cruz explicó que la UIPE será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Finanzas, lo que representa un avance muy importante y un gran cambio cualitativo en la estrategia de lucha contra la corrupción.
Detalló que, esta Unidad ayudará a crear un sistema de información fiscal y patrimonial; podrá requerir, generar y analizar información fiscal y patrimonial para la investigación de hechos posiblemente ilícitos; requerir y obtener información de diversos sujetos, entre los que destacan notarios y autoridades registrales y catastrales.
También creará una lista de personas sujetas a una investigación de hechos posiblemente ilícitos y coadyuvará con las autoridades competentes, alertará a las autoridades de la administración pública estatal sobre movimientos fiscales y patrimoniales relevantes. Además, podrá celebrar convenios de colaboración con instancias federales y denunciar o querellarse ante el ministerio público.
