Luego de 13 años de explotación de oro y plata, la empresa canadiense Fortuna Mining Corp anunció la venta de su filial Minera Cuzcatlán, que operaba en esta comunidad del estado de Oaxaca. La decisión fue atribuida al agotamiento de las reservas minerales y al incremento de los costos operativos, pero su partida deja mucho más que un terreno vacío: deja una comunidad dividida, heridas abiertas, contaminación, deterioro ambiental y una historia marcada por la violencia.
13 AÑOS DE EXPLOTACIÓN Y CONFLICTO
Desde su instalación en 2009, la mina operó bajo un clima social tenso. Mientras una parte de la comunidad veía en la minera una oportunidad económica. La otra se oponía firmemente a la extracción de recursos naturales, alertando sobre el impacto ambiental y la falta de consenso comunitario.
El proyecto minero generó una fuerte división social en San José del Progreso, una comunidad de los Valles Centrales de Oaxaca. Las tensiones escalaron hasta la violencia, con un saldo trágico: el asesinato del activista Bernardo Vásquez Sánchez. Una de las voces más visibles contra el proyecto extractivo.
EL ASESINATO QUE MARCÓ LA LUCHA SOCIAL
Hace 13 años, el 15 de marzo de 2012, el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez, de 28 años de edad. Quien era líder de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) y fue asesinado en una emboscada en Santa Lucía Ocotlán, Oaxaca. En el ataque armado también resultaron heridas otras dos personas. Vásquez se oponía al proyecto minero “San José”, operado por la empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso.
La defensa del territorio en México sigue siendo una actividad de alto riesgo, marcada por la impunidad y la violencia contra defensores. Desde 2009, habitantes de San José del Progreso se opusieron a la minería por los impactos sociales y ambientales. Durante ese periodo, se registraron agresiones, división comunitaria y asesinatos, como el de Bernardo Méndez en enero y Bernardo Vásquez en marzo de 2012, sin que hasta 2025 haya justicia para las víctimas.
Pese a ello, su lucha sentó las bases para la articulación de comunidades en los Valles Centrales que hoy integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, que exigía y exige la cancelación de las concesiones y proyectos mineros.
UN PROYECTO DE LARGA DURACIÓN CON CONSECUENCIAS PERMANENTES
El origen legal de Minera Cuzcatlán se remonta a agosto de 2002, cuando el Gobierno federal otorgó cuatro concesiones por 50 años para la explotación minera en 702 hectáreas del territorio comunal: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III.
Con esta venta, Fortuna Mining Corp pone fin a una de las operaciones mineras más polémicas del país. Sin embargo, la herencia del proyecto trasciende lo económico, pues ha dejado una comunidad marcada por la división, la impunidad y la resistencia.
Finalmente, mientras la empresa canadiense cierra su capítulo en Oaxaca, en San José del Progreso continúa una historia que mezcla recursos naturales, intereses trasnacionales, lucha comunitaria y la dolorosa ausencia de quienes se atrevieron a alzar la voz.
