Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de concederle la propiedad de 160 mil hectáreas del territorio comunal y municipal de Santa María y San Miguel Chimalapa, la verdad histórica y legal asistió a Oaxaca.
La controversia constitucional se impuso en respuesta jurídica a la ilegal e ilegítima acción del Congreso de Chiapas para crear el municipio Belisario Domínguez en esa zona.
En Oaxaca, la decisión fue clara: hacer uso de todos los recursos políticos y jurídicos para revertir la decisión jurídico-política de crear un nuevo municipio chiapaneco en territorio oaxaqueño.
En el plano político se buscaron los acuerdos necesarios para generar las condiciones de distensión social en la zona, suscribiendo un acuerdo el 23 de diciembre de 2011, en que las partes gobiernos de Oaxaca y Chiapas, comuneros chimalapas y núcleos agrarios chiapanecos, se comprometieron a mantener la paz y tranquilidad, mientras que la Secretaría de Gobernación fue garante de dicho acuerdo.
En el aspecto jurídico, desde el gobierno oaxaqueño se decidió ejercitar la acción de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de los tres poderes de nuestra entidad, así como de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa.
Bajo ese marco, la reforma constitucional y la creación del nuevo municipio, mostraron la voluntad del gobierno de Chiapas de ampliar su territorio en detrimento del ámbito territorial oaxaqueño y de los Chimalapas.
Con esta medida se pasó de una ocupación de hecho, iniciada desde los años 50, a la formalización constitucional de una superficie de aproximadamente 160 mil hectáreas que Chiapas pretendía como su territorio.
En estas condiciones, el tema exigía una posición firme de defensa del territorio estatal y de apoyo a las reiteradas demandas de justicia de parte del pueblo zoque chimalapa.
De acuerdo con documentos históricos y una valoración de la vía jurídica, se estableció que estaban frente a un conflicto de límites o una invasión de Chiapas a territorio oaxaqueño.
Esta invasión se acentuó con los sucesivos gobiernos chiapanecos, pues continuaron la ocupación de tierras comunales, promoviendo y gestionando ante las instancias agrarias la dotación de tierras a favor de una treintena de núcleos agrarios conformados por indígenas tzotziles y campesinos pobres, nuevamente bajo el argumento falaz de que dichas tierras, se encontraban en “terrenos nacionales del municipio de Cintalapa, Chiapas.
La Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas, aprobada el 24 de agosto de 1981, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 43, del 16 de septiembre de 1981, y vigente a partir del 1 de enero de 1982, describía el mismo límite interestatal que el Artículo 28 de la Constitución oaxaqueña, señalándose (Artículo 3 de la Constitución chiapaneca):
“Artículo 3º: El territorio del estado de Chiapas es el que posee desde que forma parte de la República Mexicana…
“Por el oeste, se inicia en su parte media de la Isla de León lugar de la pesquería El Cachimbo y con deflexión de línea al noroeste pasando cerca de la Pesquería La Gloria que corresponde al estado de Chiapas, llega a la cima del cerro de la Jineta, vértice apreciado como referencia al norte franco del pueblo de Tapanatepec, Oaxaca.
“De la cima del cerro de la Jineta con pequeña deflexión al noreste de 6º a 8º continúa hacia el vértice del cerro de los Martínez en donde se ubica el punto trino que sirve de límite afirmativo de Oaxaca, Veracruz y Chiapas”.
Esta disposición fue derogada unilateralmente en 1990 por el Gobierno de Chiapas, sin embargo, no se estableció una nueva línea limítrofe, por lo que jurídicamente debe entenderse que prevalece esta descripción hasta la reforma constitucional que crea el municipio Belisario Domínguez.
Ante tales excesos, el Gobierno de Oaxaca planteó nuevamente la controversia constitucional ante el máximo órgano jurisdiccional, situación que ocurrió a fines de noviembre de 2012.
La demanda de controversia fue admitida el 20 de diciembre del mismo año, ordenándose suspender de plano cualquier acto relacionado con el municipio Belisario Domínguez y de cualquier otro acto que amplíe o modifique los límites territoriales y la jurisdicción que actualmente se conserva en las comunidades en conflicto, en la zona limítrofe con Oaxaca.
La elaboración de la nueva demanda exigió constituir un equipo interdisciplinario e interinstitucional, mismo que revisó toda la documentación histórica y geográfica que da cuenta de la conformación territorial de Oaxaca y Chiapas.
Como resultado, se obtuvo un acervo de más de 60 mapas históricos que documentan desde la época de la conquista, la conformación territorial de lo que hoy es el estado de Oaxaca.
De dicha documentación, tiene especial relevancia el tratado de límites de 1549, establecido entre el virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, con el fin de delimitar el pago de tributos, así como para fijar la jurisdicción señorial del Marqués del Valle de Oaxaca; este tratado, que es el eje central de la demanda planteada por Oaxaca, establece:
“…tomando la dirección del mar Pacífico al Golfo de México, desde la Barra de Tonalá a los 16° de latitud norte, por entre los pueblos de Tapana y Maquilapa, dejando el primero a la izquierda, y el segundo a la derecha, haciendo inflexión o vuelta al frente de San Miguel Chimalapa, hasta el Cerro de los Mixes, a los 17°24’ de la misma latitud, y siguiendo hasta el pueblo de Zumazintla a la orilla del río del mismo nombre, bajando por este río a un ángulo hasta el nivel de Huehuetlán, a los 15° 30’ ídem, y volviendo a subir hasta el cabo de las puntas en el Golfo de Honduras. Todas las poblaciones y tierras de la izquierda de esta línea, quedaron a la NE o al virreinato de México, y todas las de la derecha a Guatemala, formando respectivamente los límites de las provincias de Oaxaca, Veracruz y Yucatán”.
La línea limítrofe que resulta de este documento histórico, considerando que va del Pacífico al Golfo de México, se ubica al oriente de la línea inter-estatal descrito por el artículo 28 de la Constitución oaxaqueña.
Es importante señalar que el estado de Chiapas, al contestar la demanda de controversia y plantear la reconvención en contra de Oaxaca, reconoce este mismo documento histórico, variando la ubicación del Cerro de los Mixes, pues en lugar de ubicarlo en dirección del mar Pacífico y a los 17°24’ de latitud norte, lo ubica muy al poniente del territorio chimalapa, en las estribaciones del cerro el Zempoaltépetl.
Con ello, el gobierno chiapaneco expandió sus pretensiones territoriales, ya no sólo sobre los municipios oaxaqueños de Santa María y San Miguel Chimalapa, sino ahora también sobre otros 17 municipios oaxaqueños más. Entre ellos, Zanatepec, Tapanatepec, Matías Romero, Guichicovi y La Soledad.
La aceptación jurídica e histórica de este importante tratado, en el marco del juicio de controversia constitucional, es en sí mismo un reconocimiento de que las pretensiones expansionistas del estado de Chiapas carecen de sustento histórico, jurídico y social.
