Además de la estigmatización, las agresiones y la impunidad representan algunos de los principales factores que más afectan al gremio periodístico de Oaxaca, que ocupa el sexto lugar de los estados con mayor número de periodistas incorporados al mecanismo federal de protección.
En el marco de la Reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Oaxaca presentó el Informe especial sobre la libertad de expresión a través del ejercicio periodístico.
En este informe, se advirtió un patrón de violencia que se repite en el gremio periodístico, donde las amenazas representan más de la mitad de las carpetas de investigación y donde tres de cada cuatro señalamientos ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) apuntan a la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.
Preocupó también la impunidad en los homicidios a los periodistas, así como la violencia que afecta a 37% de las mujeres periodistas, la cual se dirige contra su cuerpo, su vida privada y su credibilidad.
De acuerdo a Reporteros sin Fronteras, en Oaxaca se requiere de un marco legal sólido o una ley estatal que se apruebe en el Congreso en protección de las personas periodistas, así como la coordinación institucional que calificaron como débil, la definición inclusiva de la población protegida y protección integral.
En los protocolos específicos para periodistas, Reporteros sin Fronteras señaló que en Oaxaca la Fiscalía carece de este, mientras que la DDHPO sí cumple.
EL CASO LEYVA
Como parte de este informe, la DDHPO recordó el caso del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, donde se aseguró que el riesgo era conocido por el Estado desde julio de 2025 y la Fiscalía no evaluó el riesgo ni dictó medidas de protección, pese a las solicitudes constantes de la DDHPO.
Por la anterior, el informe consta de recomendaciones al Congreso del Estado, el Poder ejecutivo, la Fiscalía General, el Poder Judicial, Ayuntamientos y la DDHPO.
Al Congreso del estado se le solicitó aprobar una ley estatal de protección y perseguir de oficio los delitos; al Poder ejecutivo formalizar sus medidas y crear un registro unificado de agresiones; a la Fiscalía cumplir la recomendación 16/2026 y emitir su protocolo en tres meses.
Así también, se sugiere al Poder judicial capacitar en libertad de expresión y publicar estadísticas; a los ayuntamientos designar enlaces y emitir lineamientos para sus policías; mientras que a la DDHPO publicar un registro de medidas cautelares y llevar la atención a las regiones.
“En Oaxaca no debe costar la vida. Proteger a la prensa es una obligación constitucional y convencional, no una concesión”, expuso la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez.
