En el Portal de las Flores, frente al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, se encuentra asentado un local comercial conocido como El Cantábrico, cuyo propietario, Genaro Ángel Menéndez Díaz, ha arrendado el inmueble desde hace más de 20 años, dedicado principalmente a la venta de ropa y artículos de moda para toda la familia. Esta persona, de manera arbitraria y aprovechándose de la pandemia, decidió en forma unilateral, iniciar obras de construcción en el mismo.
De acuerdo con las autoridades y propietarios del inmueble, el empresario no cuenta con autorización para llevar a cabo dichos trabajos, con lo que se afecta flagrantemente a la sociedad oaxaqueña al ser Patrimonio de la Humanidad.
El inmueble se encuentra inscrito en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles bajo el número de Clave 2006700110727, según el certificado que le expide al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mismo que cuenta con una placa que dice “…José María Morelos y Pavón se alojó en esta casa del 26 de noviembre de 1812 al 9 de febrero de 1813, redactó ‘Los Sentimientos de la Nación’, leído por el Generalísimo el 14 de septiembre de 1813, Apertura del ‘Congreso de Chilpancingo’…”.
A pesar de su valor histórico, los legítimos propietarios del inmueble denunciaron que el actual poseedor, Genaro Ángel Menéndez Díaz, se ha jactado de ser un comerciante influyente, respaldado por la alta clase política y empresarial de la sociedad oaxaqueña.
Con ello, señalaron, ha violentado el patrimonio de la humanidad al encontrarse ejecutando obras de construcción que no le fueron autorizadas por ninguna autoridad de gobierno y que al día de hoy, han afectado sustancialmente la infraestructura interior del inmueble, generando con ello quizá, un daño irreparable al mismo.
Al efecto, el abogado Héctor Isaac Legorreta Ortega, representante legal de los propietarios indicó que “…en respuesta a las lamentables acciones que ha emprendido el arrendatario del inmueble, para afectar el patrimonio no solo de los propietarios que represento, sino de todos los oaxaqueños, se han iniciado acciones legales en su contra en el ámbito administrativo, civil y penal, e inclusive se ha hecho del conocimiento de las asociaciones civiles correspondientes”.
“Sin embargo, no ha sido posible lograr la clausura de las obras ejecutadas por el inquilino, dado que los órganos de impartición y de procuración de justicia se encuentran cerrados por la pandemia y esta persona ha estado afectando gravemente el inmueble aprovechándose de la inactividad judicial, ministerial y administrativa, sin el consentimiento de los propietarios o de las autoridades competentes”.
Detalló que el empresario ha llegado al grado de violar todos los sellos de clausura que había puesto el INAH con motivo de una inspección que practicó, “con lo que claramente demuestra desdeñar las órdenes de las autoridades competentes…”.
Cabe señalar que de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico.
De la documentación consultada, se pudo constatar que se encuentran en trámite una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), otra ante la Delegación de la Fiscalía General de la República, un Juicio Civil Sumario de Desahucio, así como un procedimiento administrativo iniciado ante el INAH, del cual tuvieron parte el regidor Pável López Gómez; el jefe del Departamento de Bienes Inmuebles del Municipio, Jesús Ortega Guzmán, así como Manuel Aguirre Cuéllar, jefe de la Unidad de Protección Patrimonio.
