La asociación civil Litigio Estratégico Indígena y el artista y activista Markoa Vásquez interpusieron el primer juicio de amparo en contra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la construcción de la presa Mujer Solteca/Margarita Maza (antes Paso Ancho), cuyo contrato de obra está vigente desde el pasado 10 de junio.
La asociación civil, que ya ha llevado varios amparos relacionados con la protección de ríos de Oaxaca y de zonas arqueológicas, señaló que la demanda del activista se interpuso el 12 de junio y es porque la construcción de la presa “podría afectar derechos ambientales, territoriales e indígenas reconocidos por la Constitución y diversos tratados internacionales”.
Además, por la falta de transparencia en este proyecto del gobierno estatal y federal, parte del Plan Nacional Hídrico, y por la falta de garantías que aseguren que el proyecto está cumpliendo con la normativa ambiental, de consulta indígena, entre otras irregularidades.
Buscan suspender trabajos
Markoa Vásquez solicitó “la suspensión provisional y definitiva del proyecto para evitar que continúen trabajos de construcción y demás actividades relacionadas con la obra mientras se resuelve el juicio de amparo”, ya que la continuación de los trabajos “podría generar afectaciones de difícil reparación sobre el medio ambiente, los recursos hídricos, los territorios indígenas y el patrimonio biocultural”.
Por su parte, Litigio Estratégico Indígena A.C. sostiene que “una obra de esta magnitud requiere una evaluación integral de sus impactos ambientales, territoriales y sociales, así como mecanismos efectivos de consulta y participación para las comunidades potencialmente afectadas”.
Temen desplazamiento de personas
Ambos recordaron que otras obras de este tipo, como las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, provocaron el desplazamiento de comunidades chinantecas y mazatecas, por lo que es necesario “revisar con especial cuidado cualquier nuevo megaproyecto hidráulico en Oaxaca”.
Antes de la asociación civil y el artista, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) también dijo que recurrirá a un amparo y una posible denuncia por las afectaciones al medio ambiente que derivan del proyecto y por haber comenzado los trabajos sin la autoridad de la Manifestación de Impacto Ambiental.
La presa es la apuesta de los gobiernos estatal y federal, quienes han dicho que con ella resolverán el problema del agua en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada.
El observatorio, que agrupa a 28 organizaciones de la sociedad civil y academia ha señalado en varios momentos las irregularidades y prisa de los gobiernos porque hicieron la licitación sin contar con la autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, por hacer una consulta exprés y sin incluir a las demás comunidades indígenas que serán afectadas con esta obra. También ha expuesto que en la zona metropolitana no existe un problema de escasez de agua sino una inequitativa distribución y la falta de acciones para recargar los mantos acuíferos o para reparar la obsoleta red de distribución, pues la misma autoridad estatal ha admitido que ahí se fuga gran parte del agua.
Según el contrato firmado entre la Conagua con Gami Ingeniería y Construcciones Urbanas, las obras para la construcción de la presa ya empezaron desde el pasado 10 de junio en la zona de San Vicente Coatlán y Sola de Vega. Se espera que esta presa se concluya en diciembre de 2027. Aunque todavía falta que se emitan las licitaciones para las obras complementarias y el acueducto, el que de acuerdo con la Conagua se llevará más de 10 mil millones de pesos de los casi 16 mil millones que contempla toda la infraestructura.
El proyecto de la comisión también contempla que en el 2028 se termine de construir toda la presa y esta funcione por unos 30 años, no los 50 que ha dicho el gobernador Salomón Jara Cruz.
